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Se dice que a los 72 años y poco antes de su muerte, Gaudí, el famoso arquitecto catalán y diseñador de la Sagrada Familia, fue arrestado por un policía al negarse a hablar en castellano. En la comisaría, el jefe de la policía le habría preguntado si acaso no sabía hablar el idioma. Gaudí habría respondido que sí, pero que estaba en todo su derecho a negarse a hablar esa lengua. El policía habría contestado, “¡Malditos catalanes! ¡Qué tozudos con ese dialecto de perros!”.

Si bien esta anécdota se puede encontrar en muchas versiones y ya es difícil saber lo que realmente ocurrió, lo cierto es que las supuestas respuestas de Gaudí muestran el espíritu de los catalanes y como se sienten. Aferrados a su cultura, aseguran que nada tienen en común con España y son orgullosos de sus raíces, lengua y tradiciones. Esto se ha traducido en largos años de debates, protestas y votaciones, que el domingo pasado sumaron un nuevo capítulo.

Entendiendo la organización política de España

La comunidad autónoma de Cataluña se ubica en el noreste de España y ocupa un territorio de 32.000 km². Limita al norte con Francia y Andorra, al este con el Mediterráneo, al sur con la región de Valencia y al oeste con Aragón. Habitan 7,5 millones de personas aproximadamente y se divide en 947 municipios.

El territorio español se organiza y divide en 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada comunidad es una región a las cuales la Constitución española del año 1978 les reconoce y garantiza el derecho de autonomía. Estas comunidades están a su vez formadas por una o varias provincias que tienen una organización política y económica común.

Cada comunidad tiene un parlamento y un gobierno autonómico, que organizan los asuntos de la Comunidad. Los representantes que forman la asamblea del Parlamento son elegidos por los ciudadanos, están encargados de legislar y crear leyes que se aplican en el territorio de la Comunidad. La presidenta del parlamento catalán es Núria de Gispert del partido Convergencia y Unión (CiU) el cual tiene la mayoría en el parlamento.

El gobierno autonómico tiene el poder ejecutivo y es liderado por un Presidente, que es elegido por los representantes en el Parlamento, en el caso de Cataluña es Artur Mas del CiU. Él tiene la facultad de elegir consejeros que se encargan de los distintos asuntos de la comunidad. Cada cuatro años las comunidades autónomas eligen a sus representantes, los que posteriormente eligen al Presidente.

El Estatuto de Autonomía de una Comunidad es la ley más importante, ya que define las competencias autonómicas, establece la capital, la lengua oficial y el territorio. Hay temas sobre los que las comunidades tienen derecho a legislar y gobernar. Pueden gestionar la educación, la salud, el medio ambiente, entre otras cosas.

Por su parte, el Estado nacional se encarga de la economía y la política exterior. En ningún momento las leyes de una Comunidad Autónoma pueden contradecir a la Constitución española. Esto permite a cada comunidad tener leyes distintas que vayan acorde a sus realidades, pero sin pasar a llevar las normas del gobierno central.

Las razones por las que Cataluña quiere ser independiente

“El pueblo de Cataluña a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva”, se lee en el preámbulo de la declaración de soberanía del gobierno de Cataluña.

El independentismo catalán se fundamenta primero en la historia de la región. Su parlamento tiene antecedentes que datan desde la Edad Media. Además, en el siglo XIV se creó la Diputación General que hasta el siglo XVII actuó como gobierno del principado. En el siglo XVIII y debido a la Guerra de Sucesión, la región es tomada por los borbones y Felipe V elimina el derecho público catalán y sus instituciones, prohibiendo además la lengua catalana.

Ya en el siglo XX, la voluntad de autogobernarse de los catalanes era una constante, pero tanto la dictadura de Primo de Rivera, como posteriormente la de Franco, se encargaron de abolir y prohibir las instituciones de autogobierno de Cataluña como el Gobierno Autónomo y la Mancomunidad de Cataluña, las que posteriormente fueron restauradas. Estas causas históricas, han llevado al pueblo catalán a sentirse explotado y reprimido por parte del gobierno español, lo que se traduce en el deseo de independencia.

Las razones culturales que esgrimen los catalanes para querer convertirse en un estado independiente, son principalmente debido a la lengua, a las costumbres y tradiciones que tienen en común sus habitantes y que los diferencian de España. Por ejemplo, en Cataluña se habla catalán, una lengua que proviene del latín. Es utilizada habitualmente por el 47,6% de la población de la región, siendo el 12% de estos bilingüe. La mayoría de las instituciones trabajan en ese idioma y los canales de televisión transmiten en catalán.

Quienes se muestran a favor de la independencia catalana, señalan que sus costumbres, la cultura y las celebraciones nada tienen que ver con España. Lejos de sentirse parte de España se consideran dentro una comunidad que tiene sus propias raíces y creen que para poder preservarlas y fomentarlas, la región debe autogobernarse como un Estado independiente.

Otro de los motivos que explican el movimiento independentista catalán es la economía. En el año 2013, el PIB catalán llegó a 192.545 millones de euros, siendo la primera economía entre las regiones de España y aporta el 20% del PIB de total del país. El PIB per cápita en Cataluña es de 27.248 euros, siendo el cuarto más elevado entre las regiones y por sobre la media de la Unión Europea.

El argumento independentista es que pese a aportar un quinto del PIB de España, la reinversión en la región sería mucho menor y que lo generado en Cataluña no sería reinvertido ahí. Además, la crisis económica que azotó España entre los años 2008 y 2012, golpeó fuertemente a los catalanes, sobre todo en cuanto a la caída del empleo. Entre los independentistas esto se debió a las malas gestiones económicas llevadas a cabo por el gobierno central, motivando aun más la búsqueda de la autonomía total para no depender económicamente de España, sino que confiar en su propia economía.

"Queremos ser un país de Europa como cualquier otro. Queremos decidir qué hacer con nuestros recursos, cómo invertir, ser contribuidores netos para la Unión Europea, asumir nuestras deudas", señalaba Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización que busca la independencia política de Cataluña y que organizó la última manifestación independentista del 11 de septiembre.

Por su parte el gobierno español sostiene que la mayoría de la población catalana no quiere dejar de ser parte de España. Por lo tanto están dispuestos a frenar todo intento independentista. Aseguran que no es legitimo un referéndum en el que se consulte solo a los habitantes de Cataluña, por lo que para que una consulta tuviese validez debería preguntarse a todos los españoles.

El camino al 9-N

Cada 11 de septiembre, mientras en Chile se recuerda el golpe de Estado y en Estados Unidos el ataque al World Trade Center, Cataluña celebra su día conocido como “Diada”. Este año se conmemoraron los 300 años desde la caída de la ciudad de Barcelona en manos del ejército Borbón, durante la guerra de sucesión española y 1,8 millones de manifestantes salieron a las calles a clamar por la independencia de Cataluña.

Para esa fecha el gobierno de Cataluña y su presidente Artur Mas ya habían hecho el llamado para una consulta respecto de la voluntad de los catalanes de ser o no un estado independiente. El gobierno central español insistía en el carácter ilegal de la consulta, la cual iría contra las leyes y la constitución. "Silenciar la voz de un pueblo que quiere hablar es un error. Negar el voto a quien ve en las urnas la solución y no el problema, es un error doble", señalaba Mas durante la “Diada”.

Algunos días después del 11 de septiembre, el parlamento catalán aprobaba la ley que permitía convocar a una consulta soberanista para el 9 de noviembre. Sin embargo, en esa ocasión el gobierno central señaló que no iba a permitir la consulta."El gobierno utilizará todos los medios a su alcance, absolutamente todos, incluido todo lo que haya que incluir, para evitar la consulta", afirmaba el presidente español Mariano Rajoy.

El 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional español suspendió de manera cautelar la consulta que pretendía llevar a cabo el gobierno Catalán, admitiendo a trámite los recursos presentados por el gobierno de Rajoy. Esto lo hizo basándose en el artículo 155 de la Constitución en el cual se permite la suspensión de la autonomía de una región en caso de que no cumplan o vayan en contra de la Constitución española o que atenten gravemente al interés general de España.

Luego de recibir el apoyo de 800 alcaldes para llevar a cabo la consulta ciudadana, el gobierno Catalán optó por realizar una votación simbólica, que si bien no tenía carácter vinculante y no cumplía las garantías de un proceso formal, si permitía ser una forma de protesta y de demostrar la voluntad de Cataluña de ser un estado aparte.

"Convocaremos a la gente el día 9 de noviembre, aunque tendremos que hacerlo de forma diferente a como teníamos previsto. Pero habrá locales abiertos, habrá urnas, habrá papeletas", aseguraba Mas. Y razón tenía porque el domingo finalmente se celebró la consulta ciudadana.

Resultados de la consulta

El 9 de noviembre pasado se establecieron 6.695 urnas de votación en 1.317 locales, incluida una mesa que se constituyó en Chile. Votaron en total 2.305.290 catalanes, de un universo estimado de 5,4 millones, es decir que votó aproximadamente el 42% de quienes podían hacerlo.

Este referéndum simbólico planteaba dos preguntas a los votantes. La primera era “¿Quiere que Cataluña sea un estado?”, entendiendo que tendría su propia Constitución pero seguiría dependiendo de España, como es el caso de Escocia o Gales. Si la respuesta era afirmativa debían responder otra pregunta: “¿Quiere que sea un Estado independiente?” en el sentido de transformarse en otro país. Con el 100% de las mesas escrutadas, el 80,76% voto “Sí-Sí” a la consulta, el 10,07% votó “Sí-No”, el 4,54% votó “No”.

Hay que recalcar, eso sí, que para esta consulta podían votar mayores de 16 años, lo que amplió el universo de votantes. También hubo críticas respecto a la poca seriedad en cuanto a la verificación de la documentación y el registro llevado a cabo durante los comicios. Varias personas aseguraron que durante la jornada votaron hasta tres veces. Si bien esto puede no ser cierto, es una muestra del carácter informal que tuvo la consulta.

Artur Más celebró la consulta calificándola de “éxito total” y solicitó al gobierno central que se les permita celebrar un referéndum con todas las garantías. “Cataluña ha dejado muy claro una vez más que quiere gobernarse a sí misma. Queremos decidir nuestro futuro político y queremos que este derecho nos sea reconocido”, señaló el presidente del gobierno catalán.

El único miembro del gobierno español que se refirió a la consulta catalana luego de su realización fue Rafael Catalá, ministro de Justicia. “Es un acto de pura propaganda que solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas”, aseguró.

Por su parte, luego de dos días de mantener silencio respecto al tema, el presidente Mariano Rajoy se refirió a la consulta alternativa del 9-N. Según él, en Cataluña se mostró el fracaso del proyecto independentista “Después de tanto ruido, tanta movilización y tanto dinero público gastado, cuando esperaban una participación masiva y unos resultados abrumadores a favor de las tesis de los convocantes, resulta que según sus propias cuentas dos de cada tres catalanes no se han molestado ni en participar", señaló.

Rajoy, además, señaló que Mas quiere imponer la celebración de un referéndum de verdad y que eso no puede ser debido a la ilegalidad que significa. "La fórmula legal es plantear una reforma de la Constitución, traerla a las Cortes Generales y que todo el mundo la debata", agregó.

El gobierno central podría tomar medidas legales en contra de los organizadores de la consulta del 9-N, siendo los responsables el presidente catalán Artur Más, y la vicepresidente Joana Ortega. La Fiscalía Superior de Cataluña estaría preparando una querella contra ambos por ir en contra de las leyes y la constitución española al llevar a cabo la consulta alternativa.

Lo que viene

Para el movimiento independentista, la consulta fue considerada un éxito más por la cantidad de personas que asistió a los locales de votación que por el resultado en sí. Sin embargo, ahora quieren validarse en la comunidad internacional. Una de las formas más importantes para que un Estado sea considerado como tal, es que este sea reconocido por los otros Estados. "Hay una batalla por ganar, que es la batalla internacional, la de los Estados", señaló Francesc Homs, portavoz del gobierno catalán.

Los catalanes pretenden conseguir apoyo internacional y de esta forma presionar al gobierno central para negociar la celebración de un referéndum valido, legal y vinculante. "Evidentemente, esto se puede ganar y se gana a base de tener determinadas actitudes, como la voluntad negociadora, el civismo y el diálogo", agregaba Homs.

Por ahora, el apoyo internacional al independentismo catalán es prácticamente nulo. En caso de que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente, quedaría fuera de la Unión Europea y para poder entrar necesitaría del respaldo unánime de todos los miembros, entre ellos España.

Desde Alemania, Angela Merkel señaló que el tema de la independencia catalana es un asunto interno de España, aunque al mismo tiempo avaló los argumentos del gobierno español para no separarse de la región. "Es un tema de política interna de España, pero todo lo que dijo (Rajoy) tiene mucha lógica y me parece algo que se debería apoyar", dijo Merkel. Mientras que su vocero agregaba que el gobierno alemán compartía la visión legal del gobierno español.

Desde Inglaterra, el primer ministro británico, David Cameron, rechazó la consulta alternativa de Cataluña mostrando su adherencia al gobierno central español. "Queremos que España siga unida, que siga junta. Y nuestra idea sobre estos referéndums y cosas así es que deben hacerse a través de los marcos legales y constitucionales adecuados", señaló Cameron, que aún tiene fresco en la memoria el referéndum escocés que ganaron por un pelo. Esto es una muestra de la dificultad que tendrá Cataluña para ser validado en la comunidad internacional y sobre todo en la europea.

¿Crees que Cataluña debiese ser un Estado independiente? ¿Conoces otros argumentos que justifiquen la separación de la región?