El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que afectó a Buenos Aires, dejando 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, lleva 20 años siendo investigado, sin poder esclarecerse aún.

Y menos claro se volvió ayer, cuando Alberto Nisman, fiscal del caso por 10 años y quien aseguraba contar con más de 300 pruebas que respaldaban su teoría de que el gobierno de la Presidenta argentina Cristina Kirchner estaría involucrado, pues habría realizado un supuesto acuerdo con Irán encubriendo a los sospechosos del atentado, con el fin de conseguir petróleo; fue encontrado muerto ayer en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza, sin carta de despedida, un día antes de presentar los antecedentes de su investigación frente al Congreso argentino.

El ataque a la AMIA

La AMIA fue el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina y la más grande de América Latina, hasta julio de 1994, cuando un autobomba estalló frente a la puerta del recinto, destruyéndolo por completo y causando la muerte de 85 personas, más 300 heridos.

Además de las muertes y heridos, más de 1000 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos, la pérdida de gas en la zona fue de gran magnitud, la onda expansiva arrasó con toda la cuadra y los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta a seis cuadras a la redonda.

Ese mismo año, a nivel internacional habían sucedido distintos atentados en contra de la comunidad israelita, como la explosión de un pequeño avión en Panamá donde murieron 12 judíos o la bomba que dejó a 20 personas heridas frente a la embajada de Israel en Londres. Y años antes, en 1992, una bomba destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, causando la muerte de 29 personas, hecho por el cual la Corte Suprema sindicó como culpable al grupo terrorista libanes, Hezbollah.

El eterno juicio sin fallo

Entonces, a fines de 1994, Irán aparece como uno de los sospechosos del ataque a la AMIA. La investigación quedó a cargo del juez federal Juan José Galeano, y recién en 2001 se dio inicio al juicio oral por el cual 20 imputados, en su mayoría ex policías argentinos, fueron acusados de tener algún vínculo con el atentado.

El año 2003 el Consejo de la Magistratura destituyó a Galeano por irregularidades en la investigación y el 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, quienes en 2006, acusan formalmente al gobierno iraní de planificar el atentadoy a Hezbollah, de ejecutarlo. Según la investigación, Argentina fue elegida como un blanco de ataque después de que suspendiera un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

Por su parte, Irán negó las acusaciones, expresando su disposición para colaborar con Argentina con la finalidad de esclarecer cualquier duda sobre el atentado.

Ese mismo 2006, el juez argentino, Canicoba Corral, ordenó la captura de los siete ex-funcionarios del gobierno Iraní en Argentina y de un miembro operativo libanés del Hezbollah, acusados por la fiscalía de estar vinculados al sangriento atentado.

Posteriormente, en noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina, y ordenó la captura a los fugitivos iraníes para llevarlos ante la justicia. Desde entonces, el gobierno argentino ha solicitado a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina.

Ese mismo año, el presidente de Argentina Néstor Kirchner denunció a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado en la AMIA, ante la 62ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El importante rol del fiscal Alberto Nisman

Alberto Nisman se convirtió en el fiscal del caso AMIA durante el mandato del entonces Presidente Néstor Kirchner, apuntando su línea de investigación hacia siete ex funcionarios de Irán, entre ellos, el ex Presidente Ali Rafsanyani y al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Esta tesis fue defendida por el gobierno como la principal.

Nisman retomó en 2014 la investigación que permanecía estancada en tribunales y luchó por conseguir la extradición de los iraníes para que fuesen juzgados en Argentina, a través de un organismo internacional.

La distancia de Nisman con el Kirchnerismo surge en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, tras la firma de un “Memorando de Entendimiento” entre Argentina e Irán, que planteaba la creación de una Comisión de la Verdad de juristas para analizar la investigación sobre el atentado. Esta medida resultó ser un punto de quiebre, ya que Nisman declaró que el acuerdo constituía una “indebida intromisión” del gobierno argentino.

El memorando de entendimiento nunca entró en vigencia ya que requería un visto bueno del Parlamento iraní que nunca obtuvo, y además fue declarado inconstitucional por la corte.

Durante 10 años, Alberto Nisman estuvo a cargo de la investigación hasta que el miércoles pasado, y tras anunciar que contaba con más de 300 pruebas, el fiscal decide acusar al gobierno de Cristina Kirchner de firmar acuerdo con Irán para encubrir a los sospechosos del atentado, a cambio de petróleo.

Las acusaciones a Cristina Kirchner y su gobierno

La denuncia de Nisman consistió en 300 páginas –que incluían transcripciones de los 330 compact discs que resguardaban escuchas telefónicas de los supuestos funcionarios involucrados– en las que acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos a cada uno de los acusados, por ser autores y cómplices del encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA. Específicamente, Nisman identificaba a las siguientes autoridades como responsables de este supuesto encubrimiento:

La Presidenta Cristina Kirchner, su Canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, parte del personal de la Secretaría de Inteligencia (SI), los dirigentes políticos Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.

Nisman sostuvo que la verdadera finalidad del Memorando de Entendimiento, consistía en desvincular a Irán de la responsabilidad del atentado y exonerar a los acusados, a cambio de acercarse geopolíticamente al gobierno iraní, obtener contraprestación energética, intercambiar petróleo por granos e incluso venderle armas.

Inmediatamente, el involucrado canciller Timerman aseguró que la denuncia era una mentira y el juez federal Canicoba Corral niega haber autorizado las escuchas en las que se apoyaba Nisman, criticando una confusión de roles en la investigación y que "en vez de investigar a los sospechosos, se dedicó a investigar clandestinamente a la Presidente"; por lo que evalúa separar a Nisman de la investigación del caso. Hoy Canicoba admitió que sí ordenó esas escuchas.

Los últimos días, Alberto Nisman mantuvo conversaciones con una periodista del diario trasandino, El Clarín, en las que confirmaba haber recibido constantes amenazas, manifestando repetidas veces que “Yo puedo salir muerto de esto”.

El fiscal expondría este lunes su investigación en el Congreso, leyendo las partes que considera más comprometedoras de los diálogos que tiene registrados entre autoridades de la República Islámica de Irán con supuestos agentes de inteligencia de la Argentina y, sobre todo, con dirigentes de confianza de la presidenta Cristina Kirchner.

Pero la declaración fue imposible, ya que un día antes fue encontrado muerto en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. Aunque inicialmente se habló de "indicios de suicidio", en el primer barrido electrónico no encontraron trazas de pólvora en las manos ni en la ropa de la víctima, por lo que se solicitó un nuevo peritaje al arma que causó la muerte de Nisman.

Cómo seguirá la investigación sin Nisman

Mientras se aclara la muerte de Nisman frente a un posible suicidio o asesinato; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombró de reemplazante de Nisman, al menos hasta fin de mes, a Alberto Gentili, fiscal que solía reemplazar a Nisman cuando se tomaba vacaciones y era de "su confianza", según dijeron fuentes judiciales a Clarín. Luego la Procuración deberá nombrar un reemplazo definitivo.

El nuevo fiscal reemplazante tuvo varias denuncias por parte del kircherismo. Por ejemplo, fue acusado de convalidar desde la UFIDRO (una unidad especializada en narcotráfico que ya no existe) tareas de inteligencia contra personajes como los activistas defensores de los Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini (fundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo). Además, Gentili trabajó en distintas causas con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman. Desde 2008, por ejemplo, investigaron una red de espías que hackeó correos electrónicos de políticos y periodistas.

No hay razones para que la investigación se detenga, ya que la documentación y las pruebas que recabó Nisman siguen en manos de los secretarios de la Unidad Fiscal AMIA, y los dos fiscales, de las causas podrán utilizar esa información para sus propias investigaciones.

Además, el titular de la Secretaria de Inteligencia, Oscar Parrilli, ordenó levantar el secreto que pesa sobre la identidad de los espías que aparecen en las escuchas que realizó el fiscal Alberto Nisman y la Presidenta apoyó esta medida.

En Argentina se originó una respuesta ciudadana similar a la ocurrida con el atentado a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, y miles de ciudadanos trasandinos salieron a las calles con carteles que indicaban “Todos somos Nisman”.