Es típico que frente a las noticias negativas en el país, uno reacciona diciendo: “esto sólo pasa en Chile”. Pero lo más probable es que no seamos tan especiales como creemos. Por ejemplo: los recientes casos de financiamiento irregular de la política, no han estallado sólo aquí. De hecho, es un problema que ha ido creciendo en todo el mundo y que cada vez va adquiriendo mayor importancia.

Es por eso que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó un estudio llamado Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture ("Financiando la democracia: financiamiento de partidos políticos y campañas electorales y el riesgo de captura de la política"). En este, elabora un diagnóstico sobre los cuidados que hay que tener respecto al financiamiento de la política y propone una serie de medidas para perfeccionar el sistema. Además, incluye la experiencia de un grupo de países como Chile, Canadá y México, entre otros.

La investigación parte de la base que el dinero es un componente necesario en un proceso democrático, ya que permite expresar apoyo político a ciertos grupos, además de fomentar la competencia en las elecciones. Sin embargo, detecta un gran problema: la creciente concentración de recursos económicos en las manos de algunos pocos, representa una amenaza importante para el correcto funcionamiento de los sistemas políticos y económicos.

Ante este escenario, la OCDE propone nueve sugerencias que podrían incidir en un sistema político más transparente, con mayor probidad y con más independencia de la influencia del dinero.

1. Balancear el tipo de financiamiento de la política a través de contribuciones públicas, directas e indirectas.

Para esto, se debe garantizar un criterio de entrega de fondos directos proporcional y de igual acceso para todos. En tanto, los fondos indirectos pueden tener relación con un subsidio de acceso a medios masivos de comunicación, exención de impuestos, etc. Además, para tener acceso a estos beneficios, es necesario establecer cláusulas que, por ejemplo, promuevan la igualdad de género.

2. Mayor regulación al financiamiento privado

La OCDE sugiere vetar algunas contribuciones, dependiendo de dónde vengan. Por ejemplo, aquellas que provengan de quienes puedan representar intereses extranjeros, así como también de corporaciones con contratos vigentes con el gobierno. Además, plantea que se deberían prohibir las donaciones de empresas y de sindicatos o gremios. Por otra parte, sugiere limitar las donaciones anónimas.

3. Aplicar límites de gastos

Que los límites para efectos de gastos en la política estén claramente establecidos y que sean, por ejemplo, respecto a un monto específico, un porcentaje del total del financiamiento público entregado, la cantidad de habitantes por distrito, etc.

4. Limitar el acceso a privilegios por parte de recursos del estado

Se debería vetar el uso de recursos públicos para fines políticos, la entrega o el recibimiento de recursos para partidos políticos o candidatos (excepto por aquellos que estén regulados en el financiamiento público). Finalmente, también sugiere vetar el gasto desproporcionado de publicidad por parte de los gobiernos antes o durante las campañas.

5. Asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas

Exigir la entrega de reportes completos que contemplen una oportuna entrega de información. Que no estén limitados sólo a cómo se han gastado los recursos de financiamiento público, sino que también incluyan los de donaciones privadas.

También debería promoverse el escrutinio público de los datos a través de la publicación de estos. Así, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil podrían tener acceso a esta información y ejercer una mayor presión.

6. Acoger una cultura de honradez

Y aplicarla en el sector público, a través de la instauración de códigos de conducta, la circulación de información sobre posibles conflictos de interés, la difusión de las actividades de lobby, la realización de un mapa de riesgos que puedan afectar al sistema y proteger a quienes delaten malas prácticas.

Además, la OCDE sugiere promover esta cultura en las donaciones privadas. Esto, a través de la autorregulación, la promoción de las buenas prácticas de contabilidad, elaboración de códigos de conducta para el sector privado y el desarrollo de un lobby responsable.

7. Asegurar el cumplimiento y la fiscalización de estas medidas

Establecer una fiscalización independiente y eficiente. Que los encargados de supervisar estos procesos gocen de libertad respecto a los poderes del Estado, asegurar la duración de estos en sus cargos y entregarle un presupuesto independiente a la entidad fiscalizadora. Esta última debería estar provista de suficientes recursos como para, por ejemplo, realizar auditorías.

8. Aplicar sanciones disuasivas y ejecutables.

Que las sanciones incluyan, entre otras cosas, la pérdida de beneficios indirectos de financiamiento público, la confiscación de donaciones o fondos malversados, multas, encarcelamiento, pérdida del cargo, suspensión del partido político respectivo, etc.

9. Ayudar a los partidos políticos para llevar a cabo estas regulaciones

Incorporar unidades de apoyo al interior de la entidad fiscalizadora, además de promover el diálogo entre los partidos y estas unidades, para así facilitar el cumplimiento de las nuevas medidas.

¿En qué quedó Chile?

El informe menciona al proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia enviado por la Presidenta Bachelet al Congreso, pero no alcanza a considerar las modificaciones que este experimentó ahí. Sin embargo, concluye que es muy probable que sean logrados los objetivos que busca la reforma al sistema de financiamiento y de partidos políticos, debido a las medidas que contemplaba la moción. También agrega que la iniciativa podría proveer al país de un sistema político con mayor legitimidad en su papel como coordinador de los intereses sociales.

Y es que la nueva legislación chilena sobre esta materia, que fue despachada del Congreso el pasado 27 de enero, alberga varias de las propuestas del estudio de la OCDE. Una de ellas tiene que ver con el nuevo financiamiento público. Este comprende un aporte basal a cada partido, que será distribuido de manera equitativa (20% del total de alrededor de $6 mil millones), y el resto (80%) que tendrá que ser repartido según la representación parlamentaria que tenga cada uno. Además, sí se incorporó una cuota de género, la que estipula que al menos el 40% de los representantes de una colectividad deberán pertenecer a un determinado género.

Por su parte, se le entregaron mayores facultades fiscalizadoras al Servel –algo que va en línea con las sugerencias de la organización–, ya que, entre otras cosas, podrá participar como ministro de fe en los comicios internos de los partidos, además de poder emitir sanciones.

En cuanto al financiamiento, se prohibieron los aportes reservados y de empresas, así como también se limitaronlos montos de las donaciones permitidas. Respecto a quienes infrinjan las nuevas reglas, la legislación incluye sanciones de cárcel, pérdida del cargo y multas, entre otras cosas, como recomienda la organización internacional.

Con todo, la legislación que emanó del Congreso, si bien muy superior a la actual, sigue lejos de la perfección. Se ha criticado que los plazos de prescripción de los delitos siguen siendo muy cortos; que el modo de repartir los dineros públicos tenderá a favorecer a los partidos grandes, y otras múltiples cuestiones. Todos temas que, seguramente, volverán a la palestra en un momento u otro. Pero así es como avanza la política: a empujones. Lo importante es que avance.

¿Qué te parecen las sugerencias de la OCDE? ¿Crees que falta algo para mejorar el sistema de financiamiento a la política?