Los 11 de septiembre de la historia definitivamente no han pasado desapercibidos. Lo fue así en 1541 con la destrucción de Santiago en medio de la Guerra de Arauco, en el 1973 con el golpe militar en Chile, el 2001 por los atentados de las Torres Gemelas y un largo etcétera si nos ponemos rebuscados.
Otra cosa que vio la luz un 11 de septiembre, y que ahora está dando mucho de qué hablar, es la Carta Democrática Interamericana, celebrada en el 2001 por la Organización de Estados Americanos (OEA). La iniciativa nació impulsada por Perú, a propósito del término del régimen autoritario de su ex presidente Alberto Fujimori, y hoy vuelve a estar en la palestra.
La idea de esta resolución es establecer un compromiso político entre cada gobernante de los Estados miembros de la Organización (35) con la democracia, la dignidad humana y la justicia. Se entiende como un instrumento para preservar la institucionalidad democrática de sus miembros, el que puede ser activado cada vez que se perciba una ruptura en el orden democrático en la región.
Anteriormente, había sido invocado en dos oportunidades: en el 2002, cuando Hugo Chávez fue brevemente apartado del poder y en el 2009, cuando explotó el golpe de Estado en Honduras. Sin embargo, nunca había sido utilizado mientras un mandatario estuviera vigente en su administración (y mucho menos sin su aprobación).
Ayer, en un hecho histórico, el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, invocó a la Carta Democráticapara convocar a una reunión extraordinaria de embajadores. ¿La razón? La crisis en Venezuela. En un informe, sostuvo que "este procedimiento deberá atender la 'alteración del orden constitucional' y cómo la misma afecta 'el orden democrático' de la República Bolivariana de Venezuela". Para esto, Almagro se amparó en el artículo 20 de la resolución, el que entre otras cosas, plantea:
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
El asunto no le cayó nada bien a Nicolás Maduro, quien calificó la medida como “intervencionista”. Además, llamó a realizar una “marcha antiimperialista y antiamalgrista (por Almagro)” e incluso anunció que realizará un juicio contra la Asamblea Nacional (el Congreso venezolano) por pedirle a la OEA que activara la carta, algo que considera una ilegalidad. Y es que de ser aprobada la moción por 18 votos de 35, se podrían iniciar diversas gestiones diplomáticas para enfrentar la situación venezolana.
Entre ellas, se encuentran las misiones de Buenos Oficios. Estas corresponden a un mecanismo especial de mediación diplomática que busca asistir a los Estados miembros en el desarrollo de iniciativas para generar mecanismos de diálogo y construcción de consensos; el diseño e uso de herramientas institucionales para abordar los conflictos sociales, así como en la generación de estrategias de mediano y largo plazo para la prevención y manejo de estos conflictos.
En el caso que las gestiones diplomáticas no tengan buenos resultados, el Consejo Permanente puede expulsar a Venezuela de la Organización si la idea tiene la aprobación de los dos tercios de la entidad. Aunque desde la OEA afirmaron que su verdadera intención no es ésta, sino que se lleve a cabo el referéndum revocatorio en el país (algo de lo que hablamos anteriormente en esta nota), lo que sería la “válvula de escape a la crisis”.
El primer paso se celebrará entre el 10 y el 20 de junio, en donde se llevará a cabo la sesión urgente que convocó Almagro. A partir de ahí, se tendrá que ver cómo avanza la situación en la medida que se vayan desarrollando las votaciones por parte de los embajadores.
Aunque, por un pedido de Argentina, se celebrará hoy una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación y consensuar alguna posible resolución. Así que en la práctica, hoy se decidirá entre los miembros si hay realmente una alteración en la democracia venezolana o no.
Lo importante a tener en cuenta, es que todas las acciones que se lleven adelante (si es que lo hacen) corresponderán a medidas diplomáticas, en donde la única sanción posible podría ser la salida de Venezuela de la Organización, como mencionamos anteriormente. Aunque el tema no deja de ser sumamente importante, ya que hasta el momento la OEA no se ha pronunciado sobre la situación que vive dicho país.