Nota del periodista: el sábado pasado, el Gobierno de Maduro anunció una serie de correcciones a las medidas adoptadas, las que después fueron ratificadas por el Tibunal Supremo. Básicamente, se afirmó que los parlamentarios no perderían su inmunidad y que el Tribunal Supremo no asumiría las competencias de la Asamblea Nacional.
Para nadie es un secreto la profunda crisis en la que está inmersa Venezuela. Ya les hemos contado cómo llegó a su severo problema de escasez de suministros, el grave contexto inflacionario que los llevó a crear nuevos billetes, los intentos de destitución del presidente Maduro, etc.
Pero ahora se podría decir que la situación definitivamente se escapó de las manos. No por nada, se está hablando del “quiebre absoluto de la democracia en el país”, de un “autogolpe de Estado” e incluso de la “oficialización de la dictadura venezolana”. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso y cuáles son sus repercusiones? No cambies de canal, que en El Definido te lo explicamos.
¿Se acuerdan de esa vez que escribimos sobre la invocación de la Carta Democrática por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA)? Probablemente no, así que en pocas palabras: consistía en un movimiento sin precedentes de la OEA, con el que se activaría un proceso de “intervención diplomática” para encontrar una salida al problema de Venezuela. No se basaba en acciones muy concretas, pero sí en una potente declaración política que incomodaría a Maduro.
Esta discusión se tuvo a mediados del año pasado y hasta la fecha, dicha carta jamás se “activó”. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el pasado 21 de marzo, la Asamblea Nacional (o el Congreso de Venezuela) aprobó oficialmente la activación del proceso de aplicación de la carta.
Por supuesto que eso se sintió como un balde de agua fría para Maduro. ¿Su respuesta? Acusar de traición a la patria a los parlamentarios que apoyaron la moción. Tras esto, y gracias a una denuncia hecha por un diputado oficialista, el Tribunal Supremo (que está compuesto de amiguis designados por el presidente) eliminó la inmunidad de los miembros de la Asamblea (algo así como nuestro fuero parlamentario, que evita que los honorables sean acusados penalmente o privados de libertad sin antes someterse al escrutinio de la Corte de Apelaciones).
Como verán, las relaciones entre poderes del Estado venían más tensas que Chiqui Aguayo y Alberto Plaza en Vértigo. Y en un movimiento inesperado, Maduro, a través del Tribunal Supremo, declaró a la Asamblea Nacional en desacato, lo que significa que todas las acciones que lleven adelante serán consideradas inválidas. En otras palabras, desintegró el poder legislativo.
Ahora, esto suena terrible, pero tampoco es algo que no haya ocurrido antes en Venezuela. Es cosa de remontarnos al año pasado, en donde el Tribunal Supremo también declaró a la Asamblea en desacato debido a supuestas irregularidades en la conformación de los escaños.
Pero si ya había ocurrido antes, ¿por qué esta vez ha hecho más ruido? La respuesta está en que la vez anterior, el rollo del desacato de la Asamblea se entendió como algo transitorio y breve, sin embargo, esta vez todo el poder legislativo quedó en manos del Tribunal Supremo y desde el ejecutivo aseguraron que se mantendrá así en la medida que persistan las actitudes de desacato e invalidez de la Asamblea.
Es decir, es una acción cuya duración es indefinida y que ya tiene al Tribunal Supremo como reemplazo de los parlamentarios. Además, es la primera vez que una sentencia de este tipo le entrega absolutamente todo el poder a Maduro para hacer las leyes y contratos que le dé la gana.
Era de esperar que esto prendiera alarmas en la comunidad internacional y una de las respuestas más contundentes vino desde la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, hizo una declaración en la que acusó al país de las arepas de haber concretado un autogolpe de Estado.
¿Qué significa eso? Se habla de un autogolpe de Estado (en vez de simplemente un "golpe"), porque es lo que ocurre cuando un lider del país que llegó al poder a través de una vía democrática, asume poderes extraordinarios tras disolver la acción de sus contrapartes, como las del ámbito legislativo.
Por su parte, Perú también se hizo notar al al condenar la ruptura de la democracia en Venezuela y retirar definitivamente a su embajador en el país. En tanto, la Unión Europea pidió un calendario claro de elecciones y llamó a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional.
Por mientras, el futuro de Venezuela es cada vez más incierto, ya que se cruzó la línea de la separación de poderes del Estado, algo que en todas partes es interpretado como una dictadura.