*Esta nota fue originalmente publicada el 27 de abril y ha sido actualizada el 06 de agosto de 2018, en vista de la prevalencia del conflicto.

El asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gahona mientras hacía un Facebook Live, fue captado y transmitido en abril pasado a todo el mundo, cuando cubría las protestas que se llevaban a cabo en la ciudad de Bluefields, en la costa caribeña del país. Él fue una de las primeras víctimas fatales que dejó el inicio del conflicto.

Desde mediados de abril, una serie de violentas marchas y protestas se han llevado a cabo en varias ciudades de Nicaragua. ¿La razón?

La ciudadanía se movilizó para reclamar por una reforma al sistema de pensiones aprobada de manera unilateral, por el presidente Daniel Ortega, a través de un decreto presidencial.

Sin embargo, las manifestaciones parecían tener una razón aún más profunda. En los últimos años, los nicaragüenses han demostrado su preocupación por el poder que tiene el actual gobierno de Ortega, ya que su ambición de perpetuarse al mando, junto con su familia, ya no es una novedad.

¿Por qué sufre Nicaragua y cuál es la apreciación del conflicto por parte de su gente? Conversamos con tres nacionales que nos dieron su aguda opinión.

Primero, ¿qué ocurrió a mediados de abril?

Miles de personas, entre ellas estudiantes y adultos, salieron a demostrar su descontento, en distintas ciudades del país, ya que con la aprobación de la reforma, consideraban que el gobierno les estaba robando lo ganado durante años de trabajo.

Establecía un incremento en el pago que realizan los empleados al seguro social desde un 6,25% a un 7%, y que los jubilados tendrían que aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades a partir del 1 de julio.

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De acuerdo a los manifestantes, esta medida iba a aumentar la pobreza y a dificultar las condiciones de vida de la mayoría del país. Sin embargo, el gobierno aseguró en ese momento que las reformas eran necesarias para salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de la quiebra.

Pero la situación se fue de las manos cuando el Estado respondió con una fuerte represión a las protestas, lo que finalmente aumentó al máximo la tensión en Nicaragua. Clases suspendidas, enfrentamientos con la policía, tomas y quemas, fueron algunas de las consecuencias. Incluso hubo canales de televisión que fueron cerrados por el gobierno.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, dijo que esta censura desenmascaraba "el autoritarismo de un gobierno que en sus once años solo ha buscado desmantelar al Estado para su propio beneficio y el de sus familiares".

El conflicto se fue de las manos

Como el caos y la inestabilidad se apoderaron del país, Ortega decidió cancelar los planes de reforma, pero ya era tarde. Las protestas no terminaron y continuaron por varios días más. En total, después de seis días de conflicto, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) aseguró que las protestas en Nicaragua dejaron a más de un centenar de personas heridas, a 63 personas muertas y al menos 15 desaparecidas. ¿Por qué continuaron las manifestaciones si habían logrado cancelar la reforma?

Si bien todo comenzó como una reacción a un tema puntual, algunos analistas nicaragüenses han llegado a afirmar que las demandas ahora apuntan contra el presidente Ortega (quien ejerció como presidente entre 1979 y 1990 y retomó la presidencia en 2007 hasta ahora) y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (sí, vicepresidenta). Aunque las marchas y protestas, se calmaron durante un tiempo, la tensión seguía en el ambiente. 

La iglesia católica ha actuado como mediadora clave del conflicto. El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, un personaje clave en la defensa del pueblo nicaragüense, fue tajante en catalogar al actual gobierno como una dictadura. "Hace muchos años que en Nicaragua vivimos en dictadura. Nos han coartado la libertad de expresión, han intimidado la sociedad, este Gobierno ha irrespetado los derechos humanos", dijo y agregó que Ortega y Murillo se han “instalado en el poder de manera absoluta".

El año pasado, una investigación de la organización de defensa de los derechos humanos Freedom House, aseguró que Nicaragua vive en un autoritarismo moderno. ¿Qué es esto?

La ONG explica que el objetivo de este régimen “no es solo controlar los poderes ejecutivo y legislativo, sino también los medios de comunicación, el poder judicial, la sociedad civil, los puestos de mando de la economía y las fuerzas de seguridad”.

Como relata el historiador nicaragüense Mateo Jarquín en el diario The New York Times, Ortega se ha apoyado en “alianzas tácitas con la élite empresarial y el liderazgo conservador de las Iglesias católica y evangelista, que, hasta los recientes disturbios, habían apoyado y legitimado al régimen en nombre de la paz social y la estabilidad económica”, pero que sin embargo, el precio que ha tenido que pagar el país ha sido demasiado alto. ¿Qué ha hecho Ortega?

Jarquín asegura que en sus últimos 11 años al mando de Nicaragua, Ortega ha cooptado todos los poderes del gobierno, se apropió de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad. Además, ha logrado mantenerse en el poder con un sistema electoral de partido único, después de haber roto “todos los candados constitucionales a la reelección” (en Nicaragua, desde 2014 que existe la reelección indefinida). Por último, advierte que además de instalar a su esposa como vicepresidenta, ha estado preparando y posicionado a sus hijos para el futuro liderazgo del gobierno.

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“Nicaragua nunca volverá a ser la misma. Ortega y Murillo tendrán que reconocer que cualquier solución realista y sostenible a esta crisis tendrá que contemplar el fin de sus pretensiones de establecer otra dictadura dinástica”, advierte Jarquín.

La situación empeora

Ya han pasado casi tres meses y medio desde que comenzaron las protestas y la situación no ha mejorado. La represión ha dejado cifras lamentables. Se han registrado más de 300 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales más de 20 son de menores de edad (hay grupos que manejan números más altos que los de la CIDH). También hay cientos de desaparecidos, miles de heridos y varios detenidos.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que también se ha encargado de documentar la cantidad de muertes, dijo en un comunicado publicado el sábado en la noche, que habían decidido cerrar sus oficinas temporalmente, porque estaban recibiendo amenazas telefónicas.

Para calmar los ánimos, le han pedido en reiteradas ocasiones a Ortega que adelante las elecciones para marzo de 2019, pero él se ha negado a hacerlo. "Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Si los golpistas quieren llegar al gobierno que busquen el voto del pueblo", dijo. Además, aseguró que hacerlo crearía “inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas".

Otro punto que ha causado molestia y temor, es que en medio de todo este conflicto, se aprobó una ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El punto complicado, es que la ONU teme que uno de sus artículos (el 394) sea muy “vago” y permita incluir bajo la definición de terrorista a personas que solamente están ejerciendo su derecho a manifestarse.

Lo que se vive en las calles

Hoy se cumplen 110 días de conflicto y en El Definido conversamos con tres nicaragüenses para conocer más sobre el ambiente que se vive en el país.

Mariangeles D. Lindo (33), se sumó a las marchas desde el primer día. Se organizó con amigos y en estos meses han estado preocupados de trabajar en conjunto organizando más marchas, protestas, llevando medicamentos a los heridos y alimentación, entre otros.

“El país se levantó de una manera inimaginable, en tres meses hemos visto la verdadera cara del gobierno, un gobierno opresor, hipócrita y sanguinario, hemos visto torturas y asesinatos todos los días, encarcelamientos arbitrarios e ilegales. Cinismos a nivel nacional e internacional”, asegura. Aunque dice que también esto ha permitido ver a un país que se ha unido y ha sido solidario con la población.

Los nicaragüenses que se oponen al gobierno de Ortega, temen ser perseguidos. Ella nos explica que tienen miedo de salir y que hay un toque de queda impuesto de manera indirecta. Así lo confirma un ciudadano de Managua (38), quien prefiere mantener su identidad en reserva. “Después de las 8 pm la ciudad es un pueblo fantasma”, dice.

Y agrega: “es claro que los nicaragüenses queremos un cambio. Se debió dar en el 2011 pero él [Ortega] ha modificado la Constitución tres veces desde el 2007 para ajustarla a su sed de poder. Tenemos ocho años de ataques, de persecución, de extorsión y de violencia, pero esta vez es diferente, porque él subió el tono y no pudo evitar que se hiciera más público”.

“En estos tres meses han aflorado todas estas condiciones de injusticia y corrupción, que inflamado por la bestial e irracional represión, ha producido un resentimiento generalizado, pues nadie escapa de padecer alguna injuria”, asegura un tercer ciudadano que también reserva su nombre.

Mariangeles cuenta que a diario se escuchan noticias de policías que detienen automóviles para inspeccionarlos y que también le revisan los celulares a periodistas y ciudadanos para confirmar si apoyan o no las protestas. “Si tienes algún tipo de mensaje o grupo te detienen”, asegura. A quienes se van presos, no los están dejando tener sus propios abogados, les imponen uno.

La economía y el turismo también están sufriendo las consecuencias del conflicto. El desempleo cada vez aumenta más y hay familias que han decidido irse a países vecinos para que los acojan, como Costa Rica, Honduras, Panamá y Estados Unidos, por ejemplo.

Los hoteles se han visto obligados a cerrar o a despedir empleados, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua , Lucy Valenti, asegura que más de 70.000 personas relacionadas con la industria, han perdido su empleo.

Un futuro incierto

Claramente, nadie sabe cómo terminará o continuará la situación de Nicaragua. “Hay incertidumbre en el qué pasará, cuándo acabará y cómo acabará, lo que genera un miedo constante o inestabilidad emocional de los ciudadanos. Pero paralelamente el conflicto ha generado una unión nunca antes vista. La ciudadanía, sin importar tu creencia religiosa, género, estrato social y hasta posición política, nos hemos unido. Y la solidaridad ha mostrado que todos estábamos inconformes y que seguimos inconformes”, nos cuenta la ciudadana nicaragüense.

La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la situación que vive Nicaragua en diversas ocasiones y temen que el conflicto siga siendo tan violento como hemos visto hasta ahora. Por esta razón, la OEA decidió pronunciarse a través de la creación de un grupo de trabajo que buscará encontrar una solución pacífica a la crisis.

La resolución recibió 20 votos a favor de parte de: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas. Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Uruguay.

En contra de esto, se pronunciaron: Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Y se abstuvieron ocho países: Barbados, Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, San Kitts y Nevis, Surinam, y Trinidad y Tobago.

¿Qué salida le ves a este conflicto?