Chile ya está enterado. Y ojalá que el mundo entero también lo haga. La cosa fue así: el 4 de agosto pasado, dos turistas chilenos -el chef Fernando Candia (30 años) y el ingeniero comercial Felipe Osiadacz (27 años)- iniciaron su viaje en el sudeste asiático. Acababan de llegar a Malasia, luego de trabajar un año en Nueva Zelanda para juntar plata, donde además se conocieron.

Esa madrugada, cuando volvían de un bar al hotel donde se hospedaban (y según la versión de sus familias), Felipe y Fernando fueron seguidos por un ciudadano malasio hasta el interior del hospedaje. Asustados por el hecho, se produjo una pelea entre ellos y el asiático, a quien los chilenos terminaron reduciendo con una llave de fuerza, para dar aviso inmediato a la policía.

Pocos minutos después, la policía llegó al hotel y constató que el ciudadano malasio estaba muerto, siendo los dos chilenos detenidos al acto por presunto homicidio. Felipe y Fernando, desde el primer segundo alegaron que fue un accidente, que el hombre se desvaneció luego de que ellos lo redujeron con fuerza y que ellos actuaron en legítima defensa, ya que el malasio los venía siguiendo y que incluso los habría amenazado con un pedazo de vidrio.

Pero ya van nueve meses desde el incidente. El informe forense que recibieron las familias, arrojó que la víctima falleció producto de un paro cardíaco y que además había consumido gran cantidad de alcohol y estupefacientes. Pero los chilenos siguen siendo vistos como asesinos, continúan tras las rejas en la cárcel Sungai Buloh de Kuala Lampur, y de ser declarados culpables, los condenarán a la horca.

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El juicio, que tenía como fecha este 29 de mayo, se atrasó hasta agosto próximo; aún se desconocen las formalizaciones del caso, y por mientras las familias de los chilenos están desesperadas intentando prevenir la tragedia, apelando al derecho a defensa propia, y agotando todos los recursos e instancias posibles para salvar a sus hijos y traerlos de vuelta a Chile.

A la fecha, abogados, diplomáticos, embajadores y hasta el Gobierno chileno, están intentando ayudar a estos jóvenes para que no terminen enjuiciados con el castigo máximo.

¿Por qué razones Malasia envía a la horca a un condenado?

Malasia tiene uno de los códigos penales más duros del mundo, y la pena de muerte rige para los siguientes casos, según el Death Penalty Worldwide:

• Si la persona participa en un dacoity: un grupo de al menos cinco personas que concrete un asalto en el cual uno de los miembros mate a alguien.
• Si una persona entrega falso testimonio sabiendo que la declaración enviará a alguien a la cárcel o que ésta perderá la vida por pena de muerte.
• Si una persona asiste el suicidio de un niño/a o una persona enferma.
• Si se comente un delito de terrorismo sin resultado de muerte: posesión de armas de fuego o explosivos en áreas de seguridad o siendo cómplice de esto.
• Si una persona dispara un arma con el objetivo de herir o causar daño en un asalto.
• Si se comete un secuestro, especialmente si hay intención de matar, pedir rescate o usar armas en el acto.
• Tráfico de drogas.
• Traición o incitar un motín al interior de las Fuerzas Armadas.
• Resistirse a un arresto.
• Escapar de la cárcel.
• Asesinar o intentar asesinar a alguien.

Si alguien es encontrado culpable de cualquiera de estos delitos, Malasia lo ejecutará en la horca, amparada en el artículo 277 del Código para Procedimientos Penales.

De hecho, según cifras de Amnistía Internacional, el 2017 se impusieron al menos 38 nuevas condenas a muerte: 21 por tráfico de drogas, 16 por asesinato y una por disparo de arma de fuego. Y de ese total, 4 de las personas condenadas eran mujeres y 12 personas extranjeras.

¿Qué pasa cuando los delitos los cometen extranjeros? Los afectados estarán sometidos a las leyes y procedimientos penales de Malasia, no pudiendo la embajada, ni el cónsul, ni el Estado, interferir o inmiscuirse en ellos. Como sucede en cualquier otro país soberano, de hecho.

Las instancias que aún quedan por delante

Entonces, ¿por qué nos llama tanto la atención este caso? Porque aquí lo complejo es que las leyes malasias son muy distintas a las chilenas y muchísimo más duras. Partiendo porque para ellos no hay gran diferencia entre un cuasidelito de homicidio y un homicidio premeditado.

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Aclaremos eso sí lo siguiente: los chilenos NO han sido condenados aún. La condena dependerá del juicio de agosto, de la acusación que se les impute, de su defensa y de todos los antecedentes de hecho y de derecho del caso.

Actualmente entonces, Fernando y Felipe están siendo parte de un proceso judicial, que se rige exclusivamente por las leyes de Malasia, las mismas que determinan también los plazos del proceso y sus extensiones, y en eso ni Chile ni los organismos internacionales pueden intervenir, sino sólo apelar a que se lleve un debido proceso.

Una vez dictado el juicio, el Estado de Chile puede apelar a otras instancias como el apoyo internacional.

Por ejemplo, en el caso de los chilenos, al no existir Tratado de Extradición o Acuerdos Bilaterales Previos de Cooperación con Malasia (tenemos solo acuerdos económicos con ellos), una solución sería basarse en el Principio de Reciprocidad de cooperación jurídica para lograr algún acuerdo. ¿Cómo cuál?

Según Samuel Fernández, ex embajador y experto en derecho internacional; dependiendo de la sentencia, los chilenos podrían invocar medidas sustitutivas, administrativas, multas, expulsión, presidio por tiempo menor e incluso se podría invocar clemencia humanitaria al Sultán de Malasia.

Y por su parte, Naciones Unidas señala que los condenados que cumplen penas fuera de su país de origen, por razones humanitarias, se consideran presos con necesidades específicas, y eso justifica su posibilidad de traslado o transferencia a su país de origen, bajo ciertas condiciones. Y Malasia sí figura como país miembro de la ONU.

Entonces lo que queda es esperar la fecha del juicio y el dictamen de la sentencia. Antes es poco lo que se puede intervenir, porque hoy no se sabe qué antecedentes (pericias policiales, autopsia, acusaciones legales) baraja la justicia malasia en el caso, porque esa información es confidencial hasta el día del juicio. Cualquier tipo de apelación que se haga durante el proceso, se resume en peticiones diplomáticas que, por lo general, son rechazadas o que sólo infieren en que se respeten los derechos humanos universales para mantener un debido proceso.

Y es justamente eso lo que ha pasado con todas las apelaciones hechas por los abogados contratados por las familias de los chilenos hasta la fecha, y también con el trabajo consular del embajador chileno en Malasia, quien los visita semanalmente en prisión y hace de intermediario entre ellos y sus familias.

Pero con justa razón, los padres de los jóvenes -ante la desesperación y la incertidumbre de no tener respuestas concretas, de no poder visitarlos personalmente y al ver las malas condiciones carcelarias a las que están sometidos sus hijos- han decidido recurrir al Gobierno de Chile. Por esta misma razón la noticia, que llevaba meses en carácter de reservada por protección, se hizo pública a través de un comunicado emitido por las familias.

Recalcando que “es importante recordar que estamos ante un país soberano que tiene su propia justicia”, pero que de todas formas se continúa trabajando con las familias desde el primer día. El canciller chileno, Roberto Ampuero, entregó una carta de preocupación a la Embajada de Malasia, con el fin de intensificar las gestiones diplomáticas y de preparar el terreno previo a la formalización.

Mientras esperamos la resolución del caso en Malasia, desde El Definido deseamos que pronto Felipe y Fernando puedan volver a Chile a estar con sus familias, y que todo este episodio sea recordado sólo como un muy mal momento.