Hace casi un año publicamos un artículo (léelo aquí) en el cual se ponía en evidencia el enorme costo que tenían para la policía uniformada las llamadas al 133 realizadas por compañías de seguridad privada. Según los informes de Carabineros, entre los meses de enero y junio del año 2013 el 20% de las llamadas que recibieron provenían de empresas de seguridad. Lo increíble es que el 98,9% de estas correspondían a falsas alarmas,  que no necesitaban ser atendidas.

Las compañías de seguridad privada, las que son contratadas por usuarios para instalar y monitorear las alarmas, llamaban directamente a Carabineros sin revisar ellos en terreno para ver si efectivamente estaba ocurriendo un delito. Esto provocaba que la institución tuviera que atender en promedio 627 casos falsos al día, lo que representaba un gasto de tiempo y recursos considerable, que bien podían significar dejar de atender emergencias reales.

Ese panorama, sin embargo, hoy en día está cambiando.

Gracias al Decreto Supremo 41, Carabineros tiene la facultad de establecer la normativa que rige a las empresas de seguridad privada y a multarlas. En base a esto, se establecieron medidas para evitar las llamadas falsas.

Primero, Carabineros diseñó un programa, llamado Alpha III, que es un sistema informático en línea que permite a las empresas de seguridad comunicar las emergencias de sus abonados. La información posteriormente se transfiere a la Central de Comunicaciones de Carabineros.  De esta forma, las compañías no se comunican directamente con el 133 y así se evita la saturación de las líneas.

En segundo lugar,ahora las empresas de seguridad deben acudir con sus propios medios a revisar los hogares cuya alarma se haya activado. Solo después de constatar en el lugar que hay un delito en progreso, deben avisar a Carabineros, entregando todos los detalles de la situación.

Por último, se optó por multar a las compañías con 0,5 UF por cada llamada falsa que se produzca, cerca de doce mil pesos. 

Las dos primeras medidas entraron en vigencia en enero de este año, mientras que las multas debían hacerse efectivas en abril. Sin embargo, las empresas de seguridad, agrupadas en ACHEA, interpusieron un recurso de protección al considerar estas medidas arbitrarias e ilegales. El recurso fue rechazado, primero por la Corte de Apelaciones y en junio por la Corte Suprema.

Por ahora, se está a la espera de lo que diga Contraloría respecto al tema, para que las medidas comiencen a funcionar en su totalidad. 

Según el informe entregado por Carabineros, durante la primera quincena de abril 2014, las llamadas de parte de empresas de seguridad disminuyeron en un 25,48% respecto al mismo período de 2013. Durante esas fechas, el año pasado las compañías provocaron 9.053 procedimientos, de los cuales 8.946 resultaron ser alertas falsas, mientras que este año, fueron 6.746 procedimientos, 6.611 de ellos innecesarios. De este modo, según el mismo informe de carabineros, se ahorraron 57 horas de procedimientos innecesarios sólo en esa quincena. 

El problema es que pese a esto, aún el porcentaje de llamadas falsas es altísimo, del orden de 98% (en abril de 2013 fue de 98,9%) y significaron 166 horas (casi una semana) de trabajo policial desperdiciado en sólo 15 días, cosa que debería mejorar una vez que empiecen a operar las multas.

De hecho, si consideramos que durante la primera quincena de abril se produjeron en promedio 440 alertas falsas al día, las empresas culpables de esto debiesen haber pagado, en su conjunto, 5.280.000 pesos diarios por concepto de multas, unos $158 millones mensuales. 

"Hemos recuperado una importante cantidad de recursos, hacíamos algunos ejercicios de manera didáctica, decíamos que equivalía a disponer de una comisaría más en Santiago por el solo hecho de dejar de responder llamadas de empresas de alarmas que utilizaba a Carabineros para verificar", señaló el director de Seguridad Privada y Control de Armas, Christian Fuenzalida.

Sin duda, aún falta mucho para mejorar el sistema y que las empresas de alarmas asuman más responsabilidades para evitar el desperdicio de recursos. Habrá que esperar a que se comiencen a aplicar las multas para ver los reales resultados.