El año 2011, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se envió al Congreso para su tramitación, el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja. Sin embargo, no fue hasta principios de este año que se le puso urgencia a la tramitación, la cual ya está llegando a su fin. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, aprobó el AVP y ahora solo falta que sea revisado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta para que pueda ser votado y finalmente promulgado. Se espera que la votación sea a finales de este mes.

Actualmente en Chile, el 15% de las personas mayores de edad son solteros, pero conviven con una pareja, lo que equivale a dos millones de personas. Para ellos no existe un marco jurídico que los proteja en temas patrimoniales, de salud y de previsión, siendo el matrimonio la única alternativa hasta el momento. Esto explica la necesidad de este cuerpo legal. 

El AVP es un contrato que puede ser celebrado por dos personas y su función es regular los efectos jurídicos que se derivan de su relación. 

Para poder tener un AVP, ambas partes deben ser mayores de edad y ser solteros. Al igual que el matrimonio, no pueden celebrar este contrato entre si los familiares directos por consanguinidad, o sea entre padres e hijos o entre hermanos. Tampoco podrán aquellas personas que tengan un AVP vigente. 

Una de las grandes motivaciones que hicieron surgir al AVP, fue la intención de regular las uniones homosexuales, que actualmente no tienen ninguna forma de tener un vínculo frente a la ley. Pese a esto, el proyecto también incluye a las parejas heterosexuales. “El Acuerdo de Vida en Pareja pasa a ser una alternativa plenamente válida para las parejas y es un avance trascendental para la construcción de una sociedad que no sólo respeta, sino acoge la diversidad”, señaló  el senador Andrés Allamand, uno de los redactores del proyecto.

Sin embargo, hay voces críticas que consideran que el proyecto debería orientarse específicamente a las parejas homosexuales, que en este minuto son las que no tienen ningún contrato que regule sus relaciones afectivas. “Mantengo mi opinión de que el Acuerdo de Vida en Pareja debiera ser solo para personas del mismo sexo. Esa es una discusión que perdí en la Comisión y que vamos a tener en la Sala, porque me  parece que para las personas de distinto sexo el problema ya tiene una solución, que es el matrimonio”, dijo el senador UDI, Hernán Larraín.

Otra de las novedades del AVP, es que genera un nuevo estado civil. Las personas que se unan a través de este contrato dejarán de ser “solteros” y tendrán un estado distinto, el cual se denominará “pareja civil” o “conviviente civil”. En un principio el proyecto no contemplaba la creación de este estado civil, pero fue una de las indicaciones que se aprobaron.

Uno de los aspectos principales del AVP es que crea una comunidad de bienes en la pareja. Todos los objetos muebles, que no tengan que ser registrados (como un televisor o un sillón por ejemplo), son de la pareja. Además, los contratantes del AVP, están obligados a ayudarse mutuamente y a solventar los gastos que se producen debido a su vida en común.

Sin la existencia del AVP, las parejas que no estaban casadas no tenían derecho a recibir nada de parte de sus convivientes en caso de fallecimiento. Este era un problema ya que hay parejas que pasan toda una vida juntos sin celebrar un matrimonio (o que no pueden casarse porque son del mismo sexo) y luego de la muerte de su pareja, legalmente no existe ningún vínculo. Por lo tanto, no tienen ningún derecho patrimonial sobre los bienes de su conviviente y pueden tener problemas respecto de las cosas de ambos.

El AVP permitirá que los contratantes tengan derecho a herencia de parte de su pareja. Eso sí, debe pasar un año  desde el momento en que se realizó el acuerdo para que esto tenga efecto. Además los convivientes, gracias al AVP, tendrán derecho sobre la pensión de su conviviente en caso del fallecimiento de esta.

Actualmente la ley permite tener como “carga” a los hijos y conyugues en el sistema de salud (es decir, incorporarlos en la cobertura del plan de salud propio), sin embargo no otorga este derecho a quienes conviven. Ahora el AVP, otorga esta facultad, dándole la posibilidad de que un miembro de la pareja sea “carga” del otro. Esto se aplica tanto para el sistema público de salud como al privado.

Actualmente un conviviente, al no ser considerado como familia, no puede visitar a su pareja en centros de salud (cuando los doctores así los estiman conveniente), tampoco realizar trámites funerarios o decidir si quiere donar los órganos de su conviviente o no. 

Con el AVP, la figura legal de la pareja cambia y siendo considerado como tal frente a la ley, el conviviente puede actuar como si fuera su conyugue en estos casos.

Cuando una pareja quiera vincularse a través del AVP, deberá concurrir ante un oficial del registro civil, quienes serán los encargados de realizar las formalidades. Para esto, la pareja tendrá que realizar una declaración jurada señalando que es soltero y que no tienen un AVP vigente. 

En un principio, el proyecto de ley contemplaba que quienes deseasen realizar un AVP, podrían hacerlo a través de un notario. Sin embargo, las modificaciones establecieron que los encargados sean funcionarios del registro civil. “Esta ley considera un plazo de entrada en vigencia de seis meses para efectos de que el Registro Civil haga las adecuaciones correspondientes y contenga un registro especial de Acuerdo de Vida Pareja en todo Chile”, dijo el senador Felipe Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.

Una de las causas de que este contrato termine es el fallecimiento de uno de los convivientes (bastante obvio). En caso de que la pareja opte por casarse, el AVP es reemplazado por el contrato de matrimonio. 

También, aunque suene curioso, si un miembro de la pareja se casa con un tercero, su anterior AVP queda sin efecto. Es decir que no es un impedimento para casarse el hecho de de tener un AVP vigente con otra persona. 

Por último, la pareja puede poner término al AVP por un acuerdo entre ambos miembros o bien si alguno de ellos así lo desea. Esto debe hacerse a través de una escritura pública, en el Registro Civil.