Está agitada la discusión de la reforma educacional, que mañana deberá ser votada por la cámara de diputados para entrar al Senado. Y no es para menos, pues se está intentando modificar de manera drástica uno de los sistemas más complejos y fundamentales para el futuro del país, como es el sistema educativo, y con un alto grado de incertidumbre, no tanto por falta de información, sino por exceso de información contradictoria.

Según el oficialismo, el fin del lucro por parte de particulares subvencionados es un paso fundamental para asegurar el buen uso de los recursos públicos que se entregan para educación, pero según la oposición, sería un golpe fatal para miles de profesores que han emprendido su propia escuelita, que deberán cerrar o transformarla en particular pagada. Según los primeros, el prohibir la selección y eliminar el copago, es fundamental para que las familias puedan elegir libremente en qué colegio estudiar sin temor a la discriminación, mientras que para los segundos, es todo lo contrario, un intento del Estado por impedir la libertad de invertir en la educación de tus hijos y seleccionar un proyecto educativo acorde. Para unos, este proyecto resuelve las fallas sistémicas de nuestro sistema educativo; para otros, mata la iniciativa privada y empareja para abajo, sin hacerse cargo de la calidad. Para los impulsores del proyecto, los críticos solo defienden intereses empresariales y exageran; para los opositores, se está actuando de manera ideológica e irresponsable. Y la lista de desencuentros suma y sigue.

Uno hubiese esperado que ambas partes llegasen a algún consenso constructivo, pero en vista de  la dinámica que se ha dado durante su tramitación en la Cámara de Diputados, no parece que vaya a ser así. El oficialismo, que cuenta con una mayoría clara, puede aprobar las reformas sin los votos de la oposición, y esta última parece haber optado por rechazarla en bloque, cosa de endosarle toda responsabilidad al oficialismo, en caso de que fracase.

Así las cosas, lucro, selección y copago tienen los días contados y la pregunta que deberíamos hacernos, entonces, es más bien otra : ¿Cómo nos aseguramos de que estos cambios tendrán el efecto esperado por sus impulsores, y no los resultados catastróficos que ha predicho la oposición? ¿Cómo garantizamos un resultado positivo?

Claro, podemos quedarnos en la comodidad de nuestros prejuicios, concluir que las críticas son infundadas, que no es más que una campaña del terror, y que todo va a salir bien. Pero ¿no es demasiado el riesgo? ¿y si algunas de las advertencias tienen sustento? Después de todo, hemos oído  expertos internacionales advirtiendo que la reforma es demasiado ambiciosa y no se centra en lo realmente importante (los profesores), y ya se ha vuelto común leer cartas y columnas de sostenedores de pequeños colegios que han llevado educación de calidad a zonas vulnerables, o insertos firmados por 300 sostenedores, advirtiendo que con la nueva ley tendrán que cerrar. ¿Son advertencias que habría que ignorar tan livianamente? ¿Debemos tirarnos el piquero tan confiados, sin seguridad de que habrá suficiente agua para detener la caída?

Si vamos a lanzarnos en esta aventura como país, ¿no sería lógico, al menos, tomar algunas precauciones, para que sea con un "riesgo controlado"?

Aprendiendo del Transantiago

Si hay algo que uno esperaría que nuestras autoridades hubiesen aprendido de la fatídica experiencia del Transantiago, es que los grandes cambios a un sistema complejo, deben pasar por una aplicación gradual y localizada. No se trata que no se hagan, sino de hacerlos en programas piloto, en áreas reducidas, en condiciones controladas, para verificar que todo lo que se supuso, efectivamente funciona como se esperaba.

Se podría, por ejemplo, probar el sistema de selección "por tómbola" que propone el gobierno sólo en una comuna o ciudad pequeña (y hasta podría invitarse a votar a los vecinos para que ellos mismos acepten correr el riesgo). Se podría establecer la limitación de lucro en primera instancia sólo para los colegios con malos resultados y ver si efectivamente mejoran o terminan cerrando, y en qué proporción ocurre. Luego de esa primera etapa, para ir probando en un ecosistema más amplio, podría irse implementando por regiones, partiendo por las menos pobladas, como se hizo con la Reforma Procesal Penal o la eliminación de la Larga Distancia Nacional, procesos harto más sencillos, pero que tuvieron el beneficio de hacerse con tan razonable precaución.

Sé lo que algunos están pensando, "¡Es que no hay tiempo, no podemos seguir perdiendo generaciones de niños!".A eso, entrego dos respuestas:

Primero, que el costo en recursos y tiempo perdido de equivocarse, es mucho más alto que el de hacerlo gradualmente -pero bien- desde el principio. Nuevamente, pensemos en lo que ocurrió con el Transantiagoy sus grandilocuentes promesas de calidad, eficiencia, comodidad, seguridad y rapidez. Nuestras autoridades estaban tan convencidas de que estaban creando un sistema de excelencia, que desecharon toda precaución y optaron por la opción del "big bang", echar a andar el sistema de un día para otro en toda la ciudad. Pues bien, no sólo fue una catástrofe histórica y jamás se cumplieron las promesas, sino que aún hoy, ocho años después, el sistema no logra levantar cabeza ni entregar un servicio siquiera lejanamente parecido a lo prometido, y más encima, a un costo inaceptable. No sólo ha sido lento de arreglar, sino que ni siquiera sabemos bien cómo diablos arreglarlo. En otras palabras, hacerlo todo de golpe sería la decisión correcta sólo si tuviésemos la absoluta certeza de que se está haciendo todo bien, pero tal certeza no existe.

Segundo, recordemos que hasta el mismo gobierno ha dicho en varias ocasiones que esta primera reforma ―la que termina con el lucro, copago y selección— no es la que se hace cargo de la calidad, sino del acceso. De la calidad se harán cargo otras reformas posteriores, relacionadas con la formación y desarrollo profesional de docentes y directores, por lo que no estaríamos impidiendo que nuestra educación mejore si vamos de a poco con esta reforma, pues la formación de los docentes y directores toma tiempo y corre por un canal paralelo a los temas más administrativos.

En definitiva, es mi opinión ―y no solo mía―, que independiente de qué sea lo que finalmente se apruebe durante su tramitación en el congreso, la medida más importante para que la reforma educacional sea un éxito, es testearla a pequeña escala. Es fundamental que todo lo que se pretenda hacer, se haga primero en planes piloto en sectores específicos, donde sea posible medir los efectos de la medida y hacer los cambios necesarios antes de afectar a todo el sistema.

Una medida así de sana y lógica, permitiría verificar que los supuestos de sus impulsores se cumplen, resolver sus defectos de manera oportuna y a bajo costo, y asegurar para Chile una educación de excelencia. 

Como suelen decir los emprendedores: falla rápido, falla barato.