Después de 3 años de debate en el Congreso sobre la Nueva Ley de Reciclaje, la Presidenta promulgó la normativa que obliga a los productores a gestionar residuos y que incluye multas de hasta $450 millones a empresas. Este reglamento se aplicará a todo tipo de empresas y será fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
A principios de abril, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida al Productor, que busca fijar metas de recolección y valorización a los fabricantes e importadores de seis productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos. (Fueron seleccionados debido a su consumo masivo).
Los parlamentarios que intervinieron en la sesión destacaron que el proyecto pone a Chile en sintonía con lo que están haciendo otros países en materia de desarrollo sustentable, y que el establecer que los productores sean responsables de lo que ocurre al final de la vida útil de sus productos, los desincentiva de generar bienes de corta vida útil.
Ahora el proyecto de Ley pasó a manos del Senado para su segundo y último trámite legislativo, antes de ser promulgado en el Diario Oficial para hacerse efectiva la Ley, y el Gobierno le puso plazo de prioridad de suma urgencia.
El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, valoró la aprobación de esta iniciativa señalando que “es una política pública propia de países inteligentes, que son capaces de ver en los residuos materias primas, industria y generación de mano de obra importante”, y agregó que “para este Gobierno es prioritaria una Ley de Fomento al Reciclaje, ya que nuestro país ostenta el récord de tener la mayor tasa de generación de residuos sólidos domésticos a nivel latinoamericano”.
Según un informe de la Universidad de las Naciones Unidas, en nuestro país se generan casi 17 millones de toneladas de residuos sólidosal año -de las cuales 6,5 millones son domiciliarios-, una de las tasas más altas de Latinoamérica. Esto es mucho decir, ya que ningún país de la región supera el 15% de material reciclado, y en Chile esta cifra es aún menor, bordeando el 10%.
Respecto a la basura electrónica, Chile lidera el ranking de América del Sur en cuanto a kilos de basura por persona. Aquí, cada habitante produce 9,9 kilos de desechos por año, más del doble de lo que produce Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Esta es una realidad mundial, que se va incrementando año a año y así los desechos de celulares, ampolletas, monitores, computadores, microondas, refrigeradores, entre otros electrónicos; aumentan. ¿La razón?, expertos dicen que se debe al acortamiento de vida útil de los electrodomésticos y un diseño que imposibilita su reparación; pero esto va de la mano de que hoy las personas quieren aparatos baratos.
El titular del Medio Ambiente señaló que “hoy prima la cultura de lo desechable y muy rara vez estos aparatos se mandan a reparar. Los equipos se van renovando más rápidamente a medida que la tecnología cambia, lo que se traduce en una mayor generación de residuos electrónicos”. Y en cuanto al destino de los residuos eléctricos, el ministro mencionó que “son tres sus destinos principales: el 5,6% va a recuperación social; el 11,6% va a desemlaje y exportación de material valorizable; el 2,3% va a rellenos de seguridad, y en tanto, el 81,5% de residuos eléctricos tiene un destino desconocido”.
El principal objetivo de esta ley es que empresas fabricantes e importadoras se hagan cargo de sus productos al final de su vida útil. Es decir, propone el principio de que “el que contamina, paga”. Para ello deberán crear sistemas de gestión que permitan recuperarlos y luego valorizarlos (reciclarlos o reutilizarlos) de acuerdo a metas fijadas por el Ministerio del Medio Ambiente, organismo que tiene la facultad para establecer la certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos, y sobre el sistema de depósito y reembolso.
Los productores se deben agrupar para organizar y financiar el cumplimiento de las metas a través de Sistemas de Gestión, ya sea este individual o colectivo, que debe estar aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Y deben cumplir de la siguiente manera:
Según el ministro Badenier “esta ley permitirá que en Chile se cree una industria formal del reciclaje, que permita incrementar nuestros índices en esta materia y lo transformen en una actividad económica relevante”.
La Superintendencia del Medio Ambiente podrá fiscalizar y sancionar infracciones, las que van desde multas de hasta 10 mil UTA, prohibición de productores, revocación de autorización de sistema de gestión, publicidad de infractores.
Por otro lado, la ley también busca incorporar con mayor formalidad y como actores relevantes a los municipios, quienes podrán practicar convenios con sistemas de gestión y con recicladores base, podrán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los residuos en origen y fomentar el reciclaje.
Y también a los 60 mil recicladores de base, llamados “gestores de residuos” cuyo objetivo es que se transformen en profesionales del reciclaje, quienes después de tres años de promulgada la ley, tendrán que certificarse, antes deberán sólo registrarse.
Además ayudará a impulsar una cultura de separación de residuos por parte de la comunidad, incentivando su contribución a la cadena de reciclaje, y ayudará a implementar sistemas de etiquetado y ecodiseño que permitan una mayor recuperación.
Todas estas medidas, se espera, ayudarán a generar un sistema virtuoso, ya que por una parte permite ahorrar en materias primas y energía, y por otra, evitar que los residuos vayan a un relleno sanitario, a un vertedero o que sean dispuestos ilegalmente.
AQUÍ puedes revisar la Ley completa.