Durante este último tiempo, Chile se ha visto envuelto en escándalos como el caso Penta, Caval y SQM, los que han demostrado que las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética han afectado tanto a la gente, como a la política y a los negocios, y que es absolutamente necesario erradicar las malas prácticas de manera urgente.

Ayer en cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis institucional que afecta al país y la necesidad de establecer un marco regulatorio entre la política y los negocios. Tras su discurso, el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, presidido por el economista Eduardo Engel, liberó el informe de la Comisión Asesora contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, en un documento que contiene cinco capítulos con 234 medidas, que fue elaborado en un plazo de 45 días por un grupo de 15 consejeros.

Bachelet anuncia “severas” medidas anticorrupción y nueva Constitución

Michelle Bachelet interrumpió anoche los noticiarios para anunciar que a fines de la próxima semana se entregará el plan completo de Anticorrupción, señalando que estas “medidas severas” serán unas de las reformas que marcarán el legado de su Gobierno, adelantando además que en septiembre se dará inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía para crear una nueva Carta Fundamental para Chile.

“El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos”, señaló la mandataria al iniciar la cadena nacional.

Tras estudiar a cabalidad las propuestas contenidas en el informe del Comité Anticorrupción, la presidenta informó ayer, que dentro de las principales medidas que serán incluidas, destacan:

• ·Transparentar la actividad política y de los partidos y separarla del poder del dinero.
• ·Eliminar los aportes anónimos, reservados y de empresas para financiamientos políticos.
• ·El Estado financiará el trabajo de los partidos.
• ·Reinscripción de todos los militantes de los partidos para sincerar los registros.
• ·Autonomía constitucional al SERVEL.
• ·Reducir el gasto de propaganda y limitarla a zonas delimitadas.
• ·Serán considerados cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.
• ·Los representantes que vulneren la confianza pública, perderán sus escaños.
• ·Fiscalización en el uso de recursos públicos en el Ejecutivo y municipios.
• ·Sanciones efectivas por boletas falsas.
• ·Creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y urgencia al proyecto de modernización del Ministerio Público.
• ·Regulación en contratación en el Estado a parientes de autoridades.
• ·Evitar el uso especulativo de los cambios de uso de suelo en planos reguladores.

Informe del Consejo Asesor Anticorrupción

Si bien el informe contiene las propuestas mencionadas ayer por la Presidenta y otras que ya se están tramitando en el Congreso hace meses, también incluye medidas completamente nuevas, como restringir por un año que ex ministros u otras autoridades sean contratados en el sector privado en las áreas que regulaban, y también limitar a los alcaldes a una sola reelección.

Y aunque el foco de las medidas se mantiene en el financiamiento de la política, el informe agrega áreas poco fiscalizadas como los municipios, las compras públicas, los gobiernos corporativos y el mercado, dividiendo las propuestas en cinco capítulos. Les dejamos las principales.

Hay que aclarar que no necesariamente todo lo planteado por la comisión asesora será recogido por el gobierno, aunque sorprendió a la opinión pública que la Presidenta hiciera suyas tantas de las medidas propuestas.

Capítulo I: la prevención de la corrupción

Con el objetivo de fortalecer la integridad en la vida pública y prevenir la corrupción y el tráfico de influencias, la comisión propuso:

• ·Probidad y fortalecimiento de municipios: capacitación y profesionalización de personal, selección en base a méritos, prohibición de contratación a honorarios, y declaración de intereses y patrimonio de autoridades. Los alcaldes no podrán ser reelegidos más de una vez.
• ·Reforma al sistema de Alta Dirección Pública (ADP): ampliar cargos a través de concursos públicos, las personas a honorarios tendrán calidad de agente público, las empresas públicas tendrán directores independientes elegidos por ADP.
• ·Reforma al sistema de compras públicas, concesiones y gasto en Defensa: convertir a ChileCompra en un sistema único e integrado, apoyo a servicios que no cuenten con recursos propios, crear sistema de denuncia anónima.
• ·Persecución y sanción penal de la corrupción: generar seguimiento a delitos de corrupción, adecuar penas y prescripciones a estándares internacionales, fortalecer la PDI, y crear Fiscalía de Alta Complejidad.
• ·Transparencia y acceso a la información pública: reconocimiento explícito y constitucional de la transparencia y el acceso a información pública, garantizar acceso a correos electrónicos institucionales, corregir limitaciones de la Ley de Transparencia.
• ·Responsabilidad penal de las personas jurídicas: obligación de implementar sistemas de prevención y que las multas a las personas jurídicas sean proporcionales al beneficio obtenido.
• ·Prevención de la corrupción en la planificación territorial: asegurar participación ciudadana, permitir al Estado la mayor parte de las ganancias y usar nuevas tecnologías para planos reguladores.
• ·Creación de un servicio de evaluación de políticas públicas: crear un servicio de la Calidad de las Políticas Públicas y fortalecer el rol presupuestario del Senado.

Capítulo II: la regulación de los conflictos de interés

Con el objetivo de que las decisiones y acciones públicas se inspiren en intereses colectivos y no particulares, el consejo postula:

• ·Puerta giratoria: limitar paso del sector público al privado: ministros, subsecretarios y todas las autoridades de una institución fiscalizadora por un año no podrán emplearse, prestar servicios o tener vínculos con empresas relacionadas a su función previa. Los lobistas no puedes ser ministros, subsecretarios o directores de servicios hasta un año después de dejar sus cargos. La contratación de familiares directos de autoridades deben ser mediante concursos públicos.
• ·Declaración de patrimonio e intereses: se fijan plazos para la entrega de estas declaraciones, se elevan las multas por falsedad y transgresiones.
• ·Lobby y gestión de intereses: crear un Código de Conducta para lobistas, un plan de capacitación y una norma técnica para la entrega de datos al Consejo de la Transparencia.

Capítulo III: el financiamiento de la política para fortalecer la democracia

El consejo propone financiamiento público y fiscalización para lograr una democracia fortalecida:

• ·Democracia interna y financiamiento de partidos políticos: establecer topes de donaciones de personas naturales a los partidos y prohibir aportes de empresas y de personas jurídicas. Establecer un Fondo Público de Financiamiento de los partidos, convertir los partidos en personas jurídicas, y realizar reinscripción de militantes.
• ·Regulación de campañas electorales: establecer Código de Comportamiento Electoral para evitar el intervencionismo, limitar el gasto en publicidad, prohibir el uso de asignaciones parlamentarias.
• ·Fiscalización de la política y su financiamiento: fortalecer el Servel y castigar de forma más dura a quienes infrinjan las leyes electorales: cancelación del registro de partido si no se cumplen los requisitos y alcaldes, concejales CORE, senadores y diputados perderán sus cargos frente a infracciones graves respecto al financiamiento y gasto electoral.

Capítulo IV: la confianza en los mercados

Para recuperar la confianza en los mercados y prevenir prácticas de probidad:

• ·Atribuciones para una fiscalización eficaz de los mercados: mayores atribuciones a las superintendencias y acceso al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
• ·Fortalecimiento de gobiernos corporativos en las empresas: evitar abusos a accionistas minoritarios y se prohíbe que empresas que compiten tengan directores comunes. Sanciones proporcionales al daño causado, políticas de remuneración e incentivos a ejecutivos.

Capítulo V: la integridad, ética y derechos ciudadanos

Con el fin de lograr sociedades con bajos niveles de corrupción, donde lo público esté adecuadamente separado de lo privado, el consejo propone educar y difundir estándares éticos para promover la honestidad.

• ·Cambios curriculares durante gran parte de la vida escolar.
• ·Los proyectos educativos de cada establecimiento deberán incluir de manera integral la formación ética y ciudadana.

Aquí puedes revisar el informe completo.

Reacciones

Si bien el anuncio de Bachelet sobre las distintas medidas para combatir la corrupción obtuvieron variados respaldos por parte de las autoridades y la sociedad; fue el anuncio de un proceso constituyente –que incluye procesos de asambleas y cabildos ciudadanos para formular la nueva Carta Magna– el que acaparó todas las portadas y el que generó más reacciones negativas.

Una de las principales críticas que ha recibido es la supuesta inestabilidad económica que traería el hecho de anunciar el inicio de un proceso ambiguo para una nueva Constitución. Joaquín Lavín dijo que “desde el punto de vista de la economía y creación de empleos, anunciar que en septiembre parte proceso para nueva Constitución no ayuda en nada”.

El presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo calificó, en La Segunda, lo expuesto por Bachelet como “una buena síntesis de propuestas que ya están avanzadas “, pero advirtió que “hasta ahora son sólo enunciados” y que lo que falta es “priorizar las medidas y ponerse a trabajar”.

Por otra parte, una de las aristas más criticadas es el supuesto riesgo de impunidad en los casos actuales, ya que hay personas que están siendo procesadas por emisión de boletas o facturas falsas, quienes, de legislarse nuevamente una ley al respecto; podrían quedar impunes. El presidente de la Fundación Pro Acceso, Federico Allendes, comentó que “no nos sorprendamos de que en el futuro mucha gente salga absuelta. Pienso que hay que ser muy cuidadosos con este anuncio, porque puede llevar a errores de interpretación”.

Otro punto controversial es que al anunciar un Proceso Constituyente, se puede entender que la idea de Asamblea Constituyente de la que se había hablado hasta el momento, no tendría efecto. El sociólogo Eugenio Tironi, señaló en El Mostrador que “Bachelet selló la muerte definitiva de cualquier respaldo a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución”, agregando que “ lo que plantea la Presidenta revela mucho coraje, convicción, congruencia y bastante moderación, porque no está planteando una Asamblea Constituyente ni nada por el estilo, sino que un diálogo mucho más moderado”.

Y si bien Tironi está completamente de acuerdo con lo presentado por la presidenta, existe un gran porcentaje de personas que sí defienden la Asamblea Constituyente, como el caso de Giorgio Jackson quien señaló que “sobre una nueva Constitución, quedarse sólo en cabildos y audiencias, no es empoderamiento del pueblo: necesitamos nuevo pacto político y social”, y dijo además que “la parte más incómoda de sus palabras fue la ambigüedad de llamar un proceso constituyente”.

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