Le pasó a la vecina, al sobrino, al compañero de oficina, a la hija de la Presidenta. La mayoría, si no es todos, conocemos a alguien que ha sido víctima de la delincuencia, si no hemos sido nosotros mismos. ¿Están asaltando más? ¿Las historias son las mismas pero ahora son con más violencia? ¿Los delincuentes se están expandiendo o están atacando a barrios distintos? Para saber las respuestas a esas preguntas solo podemos aferrarnos a las cifras.

Cuando partió el 2005, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Ensuc), que elabora el INE, el porcentaje de hogares victimizados, lo que responde a la pregunta "¿usted o alguien de su hogar fue víctima de un delito?", era de 38%. El último índice disponible es del 2014, donde el resultado a nivel nacional alcanzó 25%, aumentando 0,2% de la cifra del año anterior, pero muy por debajo del 2005.

Por otro lado, según las cifras entregadas por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a nivel nacional los delitos violentos como los delitos contra la propiedad han disminuido, los primeros en un 3,3% y los segundos en un 0,4% respecto al período anterior. Sin embargo, en la Región Metropolitana, los delitos violentos han aumentado en un 0,3% y contra la propiedad 1,4%.

A su vez, y de acuerdo a estadísticas de Carabineros de Chile, en el período de enero a mayo del año 2015, y comparado con el mismo periodo del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron una disminución del -1,4%. Al considerarlos por categorías, se observa una disminución de un 3,3% para los delitos violentos y 0,4% para los delitos contra la propiedad. No obstante a esta cifra, refiriéndose en términos porcentuales, los delitos que presentan un aumento importante durante este periodo son otros robos con fuerza (6,8%), robo con intimidación (4,7%) y robo en lugar no habitado (4,6%); en tanto las bajas más relevantes se presentan en los delitos de lesiones (-6,8%), robo por sorpresa (-6,0%) y hurto (-3,2%).

Entonces, a nivel nacional los delitos violentos como los delitos contra la propiedad han disminuido levemente, menos en la Región Metropolitana. Y sí, los delincuentes están más violentos. Esto no ha pasado desapercibido por los ciudadanos, según muestran todas las encuestas sobre seguridad y calidad de vida. La Cadem de junio, que encuesta a habitantes de 73 comunas del país, arrojó que un 76% considera que la delincuencia ha aumentado en el país durante el último año y un 81% cree que hoy es más violenta en comparación con un año atrás. Si bien no es del todo correcto, la delincuencia no ha presentado una baja significativa y el aumento en la RM encendió una alarma que no ha dejado de sonar y que ha presionado al gobierno a actuar.

La suma urgencia

En 2006, se impulsó una agenda antidelincuencia, que se tradujo en que para el 2010, la población penal chilena fuera la más alta de Latinoamérica, con un crecimiento superior al 50%. Uno de los grandes problemas está en que existe una alta tasa de reincidencia en personas que cumplen penas de corta duración. Más de un 60% de los ex presos, al cabo de tres años vuelven a reincidir. Se adjudica la responsabilidad a los programas de reinserción, que cubren sólo a cerca de un 15% de la población interna.

Ahora en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, se está tramitando una nueva Agenda Corta Antidelincuencia, que la semana pasada adquirió carácter de suma urgencia, y cuyo objetivo es facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto, receptación y que mejora la persecución penal en dichos delitos.

Dentro de las medidas más relevantes que contempla la Agenda Antidelincuencia, figuran:

- Quienes cometieran un robo por primera vez, no se verían beneficiados por atenuantes y deberían pasar al menos un año en la cárcel. Se obliga al juez a suspender por un año la posibilidad que otorga la Ley N°18.216 de sustituir la pena de cárcel por una de cumplimiento alternativo como la libertad vigilada simple o intensiva, la reclusión parcial, los servicios en beneficio de la comunidad, la remisión, entre otras alternativas.

- En el caso de delito reiterado, el proyecto distingue entre simples delitos, estableciendo como regla que se aplicará la sanción inmediatamente superior de aquella señalada por la ley, mientras que en el caso de los crímenes, es decir, delitos con una pena asignada superior a cinco años de reclusión, se establecen reglas que impiden al juez imponer el mínimo de la pena.

- Tratándose de los delitos de robo con fuerza en las cosas en todas sus variantes y al delito de receptación, en que el o los bienes sustraídos tenga un valor superior a 400 UTM, se eleva la pena (cuyos máximos son actualmente de 5 años), debiendo imponerse una pena de 5 años y 1 día a 10 años.

- Existiría el control de identidad preventivo, el que le permite a Carabineros controlar la identidad de una persona sin que esté cometiendo un delito flagrante, para poder dar con las más de 60 mil órdenes de detención pendientes. Esto no es lo mismo que la detención por sospecha. O sea, no puede llevar a una comisaría a alguien por sospecha, pero sí pedir que se identifique.

También se pretende inyectar 450 millones de inversión para reducir el riesgo de suplantación de identidad en cárceles de todo el país y mayor control en traslados a tribunales. Además, se contemplan 2.200 nuevas plazas por ampliaciones de cárceles concesionadas, entre las cuales está contemplado el centro penitenciario de Alto Hospicio.

Chahuán ganó el gallito: El Fortalecimiento del Ministerio Público

La Agenda Antidelincuencia también considera un plan para concentrar la acción policial en 16 puntos de la Región Metropolitana que presentan alta frecuencia de delitos; operativos en barrios críticos y vulnerables; la puesta en marcha del Plan Microtráfico Cero, el Banco Unificado de Datos (BUD) y el Fortalecimiento del Ministerio Público. Sobre este último punto, la Fiscalía presionó mucho para que se considerara y finalmente ocurriera, para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que vive desde hace años y que le impide cumplir su labor persecutora con eficacia.

El proyecto de fortalecer al Ministerio Público se aprobó por unanimidad en el Senado en segundo trámite constitucional, y ahora se discute en la Cámara de Diputados. Las principales implicancias que tendría esta iniciativa, son las siguientes:

- Presupuesto para aumentar un total de 577 nuevas plazas; 122 fiscales, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Esto representa un crecimiento del 15% del personal a lo largo del país. Esto debiera mejorar sustancialmente la eficacia del sistema de persecución penal.

- Se otorgan nuevas atribuciones a los abogados asistentes de fiscales, como comparecer -facultados por un fiscal y de manera excepcional- a la audiencia de preparación de juicio oral o también presentar la acusación ante el juez de garantía, entre otras.

- El cargo de fiscal nacional reduciría su duración de 10 a 8 años y al menos el 30% de los cargos vacantes de fiscales y funcionarios deberá proveerse a través de concurso público.

- Contempla recursos para el mejoramiento de la atención de víctimas, para la tramitación de causas menos complejas (que son, por lo general, las de mayor ocurrencia e impacto en la población, como los hurtos) y la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictivos, que permitirán buscar y obtener información relevante para la persecución criminal que hoy, por falta de personal idóneo, no es posible analizar.

Según el Ministerio de Justicia, el Plan de Seguridad Integral del Gobierno considera una inversión del orden de los US$ 404 millones por una sola vez y de US$ 362 millones de manera permanente, para entre otros, abarcar los siguientes aspectos, algunos de ellos mencionados anteriormente: aumento de dotación de Carabineros y PDI; Ley de Control de Armas; fortalecimiento del Ministerio Público; programa piloto de defensa para víctimas de delitos a cargo de la Corporación de Asistencia Jurídica RM; aumento de infraestructura penitenciaria en 10 mil plazas y ampliación de la dotación de Gendarmería en 4 mil 500 nuevos funcionarios en un plazo de 3 a 4 años; sistema de reinserción especializado; fortalecimiento del Servicio Médico Legal y Registro Civil e Identificación para avanzar en el perfeccionar el registro de ADN y Codis.

Si bien no figura en la Agencia Corta Antidelincuenica, y es algo que muchos han criticado, incluso desde el oficialismo, dentro de los ocho puntos importantes que busca abordar el Plan de Seguridad Integral del Gobierno, figura la reinserción en la sociedad de quienes recuren su libertad.

Hay un proyecto de ley que creará la institucionalidad para el trabajo de reinserción y reintegración de los condenados. El sistema pretende abordar tanto el trabajo intramuros, como el del egreso con acompañamiento de los internos libertos; todo ello, con el propósito de que el Estado, en su conjunto, les permita salir del circuito de la delincuencia. Se pretende también crear Centros de Rehabilitación en las comunas y la participación de los Ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social en conjunto, por la rehabilitación.

LA REALIDAD DE LOS RECLUSOS

 Según cifras de la Fundación San Carlos de Maipo, el 87% de los reclusos no terminó su etapa escolar, un 32% no tiene ningún tipo de sistema de salud, el 69% abandonó su hogar antes de los 18 años, el 42% pasó por un centro del Sename, es decir no tienen acceso a derechos sociales que sí tiene el resto de los chilenos.