Los ocho miembros de la Nueva Mayoría que forman parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votaron ayer a favor de la despenalización del aborto, logrando así que se aprobara la idea de legislar el proyecto que llevaba tres meses discutiéndose; período en el que 68 expertos y organizaciones relacionadas al tema fueron recibidos en audiencia por la Comisión, instancia en la que entregaron sus puntos de vista a favor y en contra de la iniciativa.
Ahora lo que viene es que nuevamente la Comisión deberá discutir cada causal en particular y despachar el proyecto revisado a la sala de la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre para que continúe su proceso legislativo.
Este proyecto,que fue una promesa de campaña de Michelle Bachelet, fue ingresado por la propia Presidenta en enero pasado, y contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación; dentro de un límite de 12 semanas de gestación.
"La propuesta que presentamos se enmarca en los compromisos que Chile tiene con el derecho internacional en materia de derechos humanos y que no podemos seguir rehuyendo. La penalización del aborto sin excepción en nuestro país constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile", agregó la Presidenta.
Revisemos los detalles de la iniciativa.
Como estipula el documento enviado por la Presidenta al Congreso, “el proyecto de ley busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella”.
Y los fundamentos de las tres causales son los siguientes:
1. Peligro de vida de la mujer embarazada:
La finalidad de esta causal es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.
Según dice el informe, la penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, ya que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer podrían estar sancionadas penalmente. Además, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.
Este punto es discutido por los opositores al proyecto, pues afirman que, de acuerdo a los protocolos médicos vigentes, si por un tratamiento o intervención necesarios para la madre, el niño muere, se ve como un efecto no deseado, que no implica delito.
2. Inviabilidad fetal:
Cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, debidamente diagnosticadas por un equipo médico.
El informe de la Presidenta dice que “forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo”.
3. Violación:
Cuando la mujer o niña resulta embarazada por un acto realizado en contra de su voluntad, no se puede exigir la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen.
Bachelet estipuló que “no reconocer la posibilidad de que ella decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad e imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad”.
Período límite de interrupción del embarazo:
El proyecto dice que el tiempo límite es de 12 semanas, pero para las mujeres menores de 14 años es de 18 semanas, ya que “debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”.
Procedimiento de acuerdo a la edad de la mujer
Toda mujer mayor de 14 años puede acceder libremente y de forma autónoma a una prestación médica para solicitar el aborto.
Aquellas menores de 14 años deben actuar con autorización de un representante legal; pero en caso de diferencias con sus representantes, se establece la posibilidad de la menor de acceder al juez de Familia para obtener su pronunciamiento.
Por otro lado, el proyecto “autoriza al personal médico a prescindir de la autorización de representante legal si existen antecedentes que, de solicitarla, se expondrá a la menor a riesgos de violencia intrafamiliar o de abandono. En este caso, el profesional médico deberá solicitar al tribunal de Familia competente la autorización respectiva”.
Qué se necesita para solicitar un aborto
Para poder interrumpir el embarazo, la mujer requerirá el diagnóstico de un médico cirujano, ratificado por otro profesional en el que se acredite una de las tres causales.
En caso de violación, no será necesario que la mujer se someta a un proceso penal previo como condición para interrumpir su embarazo, ya que, como se manifiesta en el documento “ cuando una mujer ha sido víctima de violencia sexual, debe primar su protección y bienestar, sin que se pierda de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal”. Entendido así, bastaría la sola palabra de la mujer para acreditar la violación.
Responsabilidad de los médicos
El proyecto estima que cualquiera sea la causal invocada por la paciente, la obligación del prestador de salud es otorgar información veraz. Es decir, el discernimiento de la mujer debe ir acompañado de toda la información que necesita para tomar una decisión.
Además, es obligación del prestador de entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, con el fin de asegurar que la mujer cuente con toda la información que le permita tomar una decisión libre, incluyendo programas de apoyo social y económicos disponibles.
Por otra parte, el proyecto reconoce a los médicos cirujanos la posibilidad de expresar su objeción de conciencia, es decir, cuentan con la libertad de proceder en la realización del aborto, como no, informando previamente su postura por escrito ante el director del establecimiento de salud al que pertenece. Pero de todas formas, se hace explícito el deber ético del médico de informar de forma oportuna cuando una paciente se encuentra en una de estas tres causales; viéndose obligado a derivar a la mujer a un profesional que no tenga la objeción de conciencia.
Confidencialidad
El proyecto estipula una “modificación legal que privilegia el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante la interrupción del embarazo por casos de violación. Se trata de prevenir que la mujer se inhiba a entregar información a los médicos o solicitar asistencia por temor a una sanción”.
Libertad de elección de la mujer
El proyecto establece que la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo. La manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito.
La Presidenta también llamó a considerar que en Chile cada año en promedio "se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas relacionados con el peligro de vida y cuando el embrión o feto presenta alteraciones estructurales congénitas o genéticas graves incompatibles con la vida extra uterina". De ese total aproximado,"la estimación del número de muertes en nuestro país por malformaciones incompatibles con la vida sería alrededor de 500 casos al año".
Ayer la Comisión de Salud aprobó la idea de legislar sobre la interrupción del embarazo en tres causales. Ahora, los miembros de la Comisión deberán revisar en detalle el proyecto y cada miembro, en particular, podrá entregar sus indicaciones, las que deberán ser discutidas para ver si se incluyen y así poder despachar el proyecto a la sala de la Cámara.
Por ejemplo, los diputados DC, que finalmente votaron a favor de la idea de legislar, quieren proseguir acotando y restringiendo el proyecto a las tres causales para no abrir la puerta a otras. Los parlamentarios quieren modificar el concepto de “riesgo futuro” que se podría invocar para un aborto terapéutico y que no necesariamente involucre riesgo vital. Además, quieren reformar la primacía del deber de confidencialidad por sobre el de denuncia, que en casos de violación establece el proyecto, porque consideran que un embarazo fruto de sexo consentido puede terminar utilizando esta alternativa para la práctica de un aborto. Por otra parte, quieren que la objeción de conciencia sea para todo el equipo médico y profesional, incluyendo enfermeras y arsenaleras.
Por su parte, los parlamentarios de la Alianza, manifestaron que si el gobierno persevera en esta iniciativa, le pedirán al Tribunal Constitucional que hagan respetar las normas que garantizan el derecho a la vida de las personas no nacidas, al considerar que el proyecto de ley es contrario a la Constitución. “Ninguna mujer podría tener el derecho a elegir si no hubiera tenido antes el derecho a vivir”, justificó la diputada UDI, Marisol Turres.
El Ministerio de la Mujer, en conjunto con los Ministerios de Salud, Justicia y la Secretaría General de la Presidencia, lanzaron hoy un video llamado “Yo apoyo las 3 causales”, donde distintos rostros de televisión, política y opinión apoyan esta iniciativa. El video es parte de una campaña comunicacional más amplia que busca informar a los ciudadanos respecto al tema a través de la página web 3causales.gob.cl.