Este año la discusión en torno a la Ley de Presupuesto para el 2016 estuvo marcada por el ajuste de cinturón. Y para muestra, un botón: si el año pasado se calculó el Precio de Referencia del Cobre a US$ 3,07 la libra para el 2015, el del próximo año bajó a US$ 2,5 la libra (aunque esta semana ha estado bordeando los US$ 2,1 por libra).
Este cálculo es de gran importancia, ya que hace una estimación de cuántos serán los ingresos que dejaría este metal en las arcas fiscales durante todo un año y a partir de eso y otras cosas más, se realiza el presupuesto.
Así también, se estimó un crecimiento del PIB para el 2016 de 2,75%, bien lejos del 4,3% que se calculó para este año a fines del año pasado. Aunque la verdad es que esto último estuvo bastante apartado de la realidad. Según la última encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, el país terminará el 2015 con un magro crecimiento de sólo 2,1%
De todos modos, el presupuesto para el próximo 2016, que comprende una expansión del 4,4% en comparación al de este año (aunque según analistas y la oposición, sería más), fue despachado el pasado 29 de noviembre. Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, recalcó la importancia de la austeridad durante estos tiempos y agregó que "tenemos que estar seguros que cada peso gastado rendirá: no hay mucho espacio para equivocaciones cuando uno tiene menos plata”.
A pesar de todo, en el Gobierno deben estar felices: sólo se reasignó un 0,05% del proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo. Es decir, de los $36.212.523,4 millones que contempla, solamente $18.015 millones fueron redestinados.
Educación fue uno de los temas que más ronchas sacó durante la tramitación del presupuesto para el próximo año. Sobre todo por la gratuidad universitaria. Y es que, como aún no se concluye la elaboración del proyecto que reformará el financiamiento de la educación superior, el Gobierno decidió que esta promesa se llevara a cabo a través de la Ley de Presupuesto. Eso ya complicó un poco las cosas para algunos, como señaló el rector de la USACH y vicepresidente del CRUCH, Juan Manuel Zolezzi “como la Ley de Presupuesto tiene un plazo definido que termina a fines de noviembre, no fue posible resolver el tema en el Parlamento antes de que los jóvenes rindieran la PSU”.
Otro asunto que generó conflicto fue la reducción y redistribución del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para financiar la gratuidad para las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH), habitualmente conocidas como las "tradicionales".El AFI corresponde a un aporte del Estado a las instituciones de educación superior que incluyan en primer año a los mejores puntajes de la PSU.
Aunque tradicionalmente se ha concentrado en las universidades tradicionales, durante los últimos años, algunas privadas han ido matriculando alumnos con mejores resultados en la Prueba de Selección Universitaria. Entre ellas están, por ejemplo, la Universidad Diego Portales, la del Desarrollo, la Adolfo Ibáñez, la de los Andes, entre otras.
Por lo mismo, causó rechazo en algunos rectores de esas universidades la medida impulsada por el Gobierno. Y es que se le estaría quitando parte del financiamiento a algunas universidades, para entregárselo a aquellas que suscriban a los criterios de la gratuidad.
Tanta fue la molestia, que el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez acusó al CRUCH de ser un “cartel” al sostener que “una cosa es discutir la pertinencia del aporte, que si se eliminara para todos sería una política de Estado. Pero eliminarlo en un grupo para beneficiar a otro es una política que directamente va al ‘cartel del CRUCh’, que tiene la colusión perfecta del mercado universitario”.
Debido a todo lo anterior, la oposición (ahora “Chile Vamos”), impugnó el presupuesto de Educación ante el Tribunal Constitucional, ya que aseguraron que se estaría discriminando arbitrariamente a aquellos alumnos que no serán parte de la gratuidad universitaria para el próximo año.
Durante el proceso de discusión del presupuesto de Salud, la subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud renunció a su cargo, debido a sus diferencias con Hacienda en torno a la distribución de recursos para la cartera. Eso ya marcó la tónica de lo que sería la tramitación del erario de Salud.
Y es que siempre es un tema complejo. Sobre todo en cuanto a la construcción de hospitales. Partiendo por las promesas del Gobierno sobre la construcción de 27 recintos para marzo del 2018, que incluso se contradijo con Hacienda, desde donde aseguraron que veían la meta como “muy ambiciosa”; pasando por las presiones de los parlamentarios, quienes quieren que la construcción de estos sean en sus respectivas zonas; hasta el rechazo de la oposición, desde donde aseguraron que las platas destinadas para la cartera no serán suficientes para solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria, que se ha reducido la complejidad de los recintos para cumplir la meta, perdiéndose miles de camas, y que la subejecución presupuestaria del 2015 demuestra poca eficiencia en el manejo de recursos.
De todos modos, finalmente fue aprobado el aumento del 5,1% del presupuesto de salud para el próximo año, llevándose así el 16,6% del presupuesto general. La cifra se alcanzó, en parte, redestinando recursos de los "fondos espejo" del Transantiago para regiones, lo que causó molesta entre los parlamentarios regionalistas, que en protesta intentaron redestinar parte de los recursos contemplados para la construcción de las líneas 3 y 6 del metro de Santiago.
Según la ministra de la cartera, Carmen Castillo, con este presupuesto se estaría asegurando la construcción de 27 hospitales para marzo del 2018. Aunque no todos le creen. Al respecto, el diputado de RN, Alejandro Santana, sostuvo que "hoy día ha ganado la improvisación (...) al 11 de marzo de 2018 no vamos a tener los hospitales construidos".
Como si la comunidad científica no hubiese tenido suficiente con todos los problemas que ha sufrido el último tiempo, todo hacía presagiar que los conflictos seguirían durante la discusión del presupuesto del próximo año para esta área.
Y es que luego que el pasado 31 de octubre, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conycit), Francisco Brieva, renunciara a su cargo, acusando al Gobierno de abandono y de llevar seis meses sin pagarle su sueldo, las cosas se volvieron un poco sensibles, al punto que la comunidad científica en pleno firmó una sentida carta acusando a este y anteriores gobiernos de haber "elegido la ignorancia" al no invertir suficiente en ciencia.
En medio de este escenario, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto para ciencia a mediados de noviembre, que presentaba un aumento de 2,5% respecto al del año pasado. ¿La razón? Los 315.041 millones de pesos que se le destinaron fueron considerados muy bajos. Como referencia, el monto es equivalente al 0,34% del PIB, muy muy lejos del 2,4% promedio que invierten los países de la OCDE en la misma área.
Sobre esto, la diputada Independiente, Karla Rubilar, manifestó que “en la comisión de ciencia y tecnología ya lo habíamos acordado y nos comprometimos a hacer todos los esfuerzos para que la sala también lo rechazara. Cada uno de los miembros de la comisión debía convencer a sus bancadas. Y lo hicimos. Este es el primer rechazo que tiene el presupuesto 2016 en la Sala y que hayan sido 91 votos en contra habla de la transversalidad. El grito de auxilio de los científicos fue escuchado en el parlamento”.
Sin embargo, finalmente la moción fue aprobada en el Senado y la comisión mixta, prácticamente sin cambios, consiguiéndose sólo el compromiso del ministro de Hacienda de "avanzar hacia invertir" el 1% del PIB, aunque sin un cronograma específico para aquello. Como era de esperar, no todos quedaron contentos. Ya con el presupuesto aprobado, el senador del PDD, Guido Girardi, se refirió duramente al resultado y aseguró que este presupuesto es “miserable y que nos condena a seguir siendo rehenes del pasado”.