¿Sabías que las municipalidades llevan 24 años sin poder hacer cambios en su dotación de funcionarios? La última vez que hubo un rediseño de las plantas municipales fue en el 1994, debido a que un decreto firmando durante la dictadura impide que estos organismos puedan realizar estas modificaciones autónomamente.
Todo esto inhibe que las municipalidades puedan adecuarse a sus necesidades, entendiendo que cada una puede tener distintos problemas o asuntos que resolver según su ubicación (sobre todo después de más de dos décadas). Algo que sin duda habla de la fuerte centralización del país.
Y la incapacidad de hacer cambios en este sentido ha contribuido a que Chile tenga una baja proporción entre habitantes y funcionarios municipales. De hecho, posee una de las menores tasas de la OCDE e incluso de Latinoamérica. Aún peor: el nivel de profesionalización de las municipalidades es muy deficiente, con sólo uno de cada cuatro funcionarios con estudios profesionales, lo que a su veces provoca una gestión deficiente de recursos e incapacidad de responder oportuna y eficientemente a los desafíos que deben enfrentar.
Pero el panorama podría cambiar. Y es que ya se encuentra en su tercer trámite legislativo elProyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal, el que ahora pasará a comisión mixta. Además, se espera que esté listo pronto (ya que cuenta con un apoyo transversal) y que empiece a regir a partir del 2017.
La Reforma Municipal que se viene fue firmada por la Presidenta a mediados del año pasado para ser enviada al Congreso, y su principal foco es tratar de resolver las dificultades a las que se enfrentan los municipios, tomando en cuenta la gran diferencia de contextos que existen.
Para hacerse una idea: la Subsecretaría de Desarrollo Regional divide a los municipios en dos tipos: los “A” son aquellos que cuentan con una mayor cantidad de recursos y un mayor rango de acción a la hora de tomar decisiones autónomas. Sin embargo, se enfrentan a una serie de tareas mucho más complejas y de mayor envergadura. En esta categoría entran 80 de los 345 municipios del país, pero concentran el 71% de la población.
Por otro lado están los del tipo “B”. Aquellos que tienen que lidiar con tareas más “simples”, de acuerdo a la realidad de su entorno (generalmente rural). Pero debido a la definición de la planta de funcionarios, no poseen una gran capacidad para tomar las decisiones que realmente deberían impulsar para resolver sus problemas. En esta categoría se encuentran 265 municipios, pero con un poco menos del tercio de la población nacional.
Y mientras que los municipios A poseen una gran densidad de profesionales y una alta concentración de bienes y servicios públicos, los del tipo B presentan todo lo contrario. Además de una mayor dispersión de su población y una mayor distancia respecto a los centros poblados.
El proyecto permitirá que los alcaldes sean capaces de modificar la dotación de funcionarios del municipio a partir del 2018 y cada ocho años, facultándolos también para aumentar la cantidad de trabajadores, siempre y cuando la medida sea aprobada por dos tercios del concejo municipal.
Además, contempla la inyección por parte del Estado de $36 mil millones a los municipios (versus los $9 mil millones que entrega actualmente). Esto va destinado al Fondo Común Municipal, el que corresponde a un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". De esa forma, los fondos que se encuentran aquí van principalmente destinados a aquellos municipios de menores recursos, ayudando a disminuir la desigualdad entre ellos.
También mejora el salario de los funcionarios que reciben menores remuneraciones, aumentándolos en dos grados y contempla la entrega de un bono del 20% del sueldo a 8.700 trabajadores a partir del 2017. Eso sí, este beneficio es el mismo que se le entrega al resto del aparato estatal.