Ayer en la mañana se llevó a cabo la audiencia de reformalización de los alcaldes salientes de Cerro Navia y Maipú, Luis Plaza (RN) y Christian Vittori (DC), junto a la formalización del ex edil de Nuñoa, Pedro Sabat (RN) y el alcalde reelecto de Colina, Mario Olavarría (UDI). El juez fijó 40 días para la investigación, que también incluye otras 11 personas denunciadas. ¿La razón de esta formalización? La basura.

Todos estarían involucrados en casos de corrupción, pues durante sus mandatos habrían recibido importantes pagos por parte de empresas privadas que querían adjudicarse millonarias licitaciones, como la empresa KDM, con el retiro de basura domiciliaria.

Los alcaldes y ex alcaldes cuestionados habrían intercedido directa o indirectamente para que las empresas se adjudicaran los contratos, desfavoreciendo así la competencia transparente de los procesos, perjudicando a las otras empresas que postularon. ¿Para qué? Supuestamente para recibir dinero extra para sus bolsillos o el de sus cercanos.

El destape del escándalo

Todo empezó cuando el año 2012 el concejal RN por Maipú y administrador municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres, fue formalizado por una denuncia de agresión intrafamiliar. Pero ese problema, traía una yapa: su ex mujer, Paula Díaz, reveló además que Torres se reunía en su casa con tres concejales de Maipú con el fin de buscar resquicios legales que permitieran que KDM se adjudicara las licitaciones de basura de la comuna.

Antes de esto, Torres y otros 4 concejales habían votado a favor de KDM, para que administrara la basura de Maipú. El contrato involucraba el pago de 3 mil millones de pesos anuales, lo que correspondía a la oferta más cara presentada en la licitación. A pesar de esto, votaron a favor y la decisión tuvo un costo extra de 987 millones a la municipalidad. ¡Ouch!

La revelación de la ex mujer de Torres fue una especie de All Inclusive y agregó que su ex marido recibía dinero por parte de KDM y que luego lo repartía con otros concejales (Christian Vittori entre ellos, que luego fue alcalde de Maipú).

Así el 2013, el Ministerio Público decidió entrar en este "contenedor de basura", indagar más a fondo y presentar una denuncia en su contra, abriéndose así la causa que hoy involucra a otras 14 personas.

La responsabilidad de los alcaldes

De a poco comenzaron a salir los trapitos al sol, irregularidades como audios de conversaciones entre concejales de Maipú y representantes de KDM, en la que se ponen de acuerdo para sacar de la licitación de Maipú a la competencia, la empresa Proactiva.

Así se inició una investigación por lavado de activos,malversación de fondos, cohecho y sobornos, la PDI allanó al municipio de Maipú, y el año 2015 se incorporó a Cerro Navia y a su alcalde Luis Plaza a la querella, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) encontrara antecedentes suficientes para probar que Plaza estaba al tanto de estas licitaciones ilícitas, por las que también recibía dinero.

En la investigación se descubrieron también otras irregularidades y pago de coimas de ambos municipios en las licitaciones por pastos sintéticos para canchas públicas y luminarias. Ambos ex alcaldes quedaron con arraigo nacional y firma semanal, y Marcelo Torres, el concejal líder de toda la estrategia, con prisión preventiva.

¿Y en qué minuto entró Colina y Ñuñoa al escenario? En septiembre de este año, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago solicitó la formalización de Mario Olavarría, alcalde reelecto de Colina, por presunto delito de fraude al fisco cometido el año 2010, al permitir que dos personas emitieran boletas de honorarios a la Municipalidad por servicios que nunca prestaron. Y aquí todo aparece conectado, cual árbol genealógico.

Una de ellas es Marcela Morales, actual administradora municipal de Cerro Navia y mano derecha de Marcelo Torres, y el otro es César Vidal, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la misma comuna, y mano derecha de Morales. Ambos están hoy formalizados, junto al alcalde Olavarría, por fraude al fisco. El tribunal decretó para Olavarría firma mensual y arraigo nacional mientras dure la formalización.

Por su parte, el CDE se querelló en contra de Pedro Sabat y lo acusó por asociación ilícita, cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al fisco por 110 millones de pesos que corresponderían a irregularidades en la licitación de la basura, la que fue adjudicada a la ultra-nombrada-empresa-KDM, cuyo subgerente al momento de la renovación de contrato, era el hermano de Sabat. Esto habría significado un sobrepago de 1.320 millones anuales durante seis años.

Ayer, el magistrado decidió postergar hasta el 5 de diciembre la imputación de cargos a Sabat,luego de que su defensa solicitara más tiempo para conocer la carpeta investigativa.

A la fecha, todos los denunciados continúan libres, excepto a Marcelo Torres, quien se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario Capitán Yáber, hace más de un año. Que quede claro que la formalización no significa sentencia, sino que se ha iniciado el proceso penal, donde habrá que esclarecer las verdades del caso para cada uno de los imputados. Las investigaciones están en curso y no se les ha declarado culpables aún.

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