A este polémico tema se sumó ayer el comentario del arzobispo de Santiago, monseñor Riardo zzati, quien señaló que los reos de Punta Peuco que tengan enfermedades terminales, también tienen derecho a recibir un indulto presidencial. "Los derechos humanos son de todos y ellos también los tienen y hay que respetarlos, aunque la justicia haya establecido que ellos no fueron respetuosos de los DD.HH. en determinados momentos", señaló.

El 15 de diciembre pasado, el abogado penalista Raúl Meza solicitó el indulto a cuatro de los 120 reclusos internados en Punta Peuco, sentenciados por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet: Pedro Eduardo Vivian, Guilermo Cardemil, Marcelo Castro y Gustavo Muñoz.

¿La razón de la petición? Estos cuatro internos padecen enfermedades graves, crónicas e irrecuperables como cáncer con metástasis o alzheimer, por lo que, según el abogado, la solicitud se sustenta por razones estrictamente humanitarias. “Estamos acompañando antecedentes médicos que dan cuenta de que todos los casos se justifican plenamente por su estado de enfermedad terminal y crónica y esto les daría la posibilidad de que cumplan su pena con dignidad al lado de sus familiares”, señaló Meza.

La petición de indulto se dio en plena discusión planteada por el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien abogó para que se debatiese una normativa general que permita a los reos con enfermedades terminales, condenados por cualquier delito, incluso de lesa humanidad, morir en sus casas,bajo alguna medida cautelar, como arresto domiciliario. Aseveró también, con la venia de la subsecretaria de DD.HH., Lorena Fríes, que en Chile no existe regulación al respecto y que es necesario realizar un gesto humanitario, porque actualmente la única posibilidad de que un reo con enfermedad terminal muera en su casa, es gracias a un indulto presidencial que depende exclusivamente de la decisión, en este caso, de la Presidenta.

Si bien la discusión no pasó a mayores, porque rápidamente el Gobierno la calificó de “comentarios personales”, el senador Alberto Espina (RN), junto a otros parlamentarios, presentó la solicitud de patrocinio del Gobierno al proyecto de ley que busca sustituir la medida de cárcel por reclusión domiciliaria en caso de una enfermedad terminal, el que deberá ser discutido en el Congreso.

A este contexto, se sumó la ceremonia ecuménica que se realizó dentro de Punta Peuco el viernes previo a Navidad, en la que 10 internos, ex agentes de Pinochet, pidieron perdón público al país y a las familias afectadas por su participación en los crímenes que se les imputan. Ceremonia que fue vista por un lado como un acto de humildad y arrepentimiento sincero, y por otro, como un show mediático y una manipulación para lograr beneficios, generando un debate a nivel nacional sobre si los militares presos por crímenes de lesa humanidad, merecen o no beneficios carcelarios o indultos.

Los reos que participaron en la ceremonia fueron: Raúl Iturriaga Neumann (condenado por el asesinato de Carlos Prats, entre otros crímenes); Claudio Salazar Fuentes (cabo de carabineros sentenciado por el caso Degollados); Enrique Ruiz (general en retiro de la Fach, integrante del Comando Conjunto); Carlos Herrera (condenado por el crimen de Tucapel Jiménez); Basclay Zapata Reyes (ex miembro de la DINA); Pedro Hormazábal (condenado por homicidio), Marcelo Castro (condenado por su participación en el caso Hornos de Lonquén), Miguel Estay Reino (condenado por el caso Degollados y ex integrante del Comando Conjunto), José Zara (ex miembro de la DINA y condenado por el crimen de Carlos Prats) y Manuel Carevic (coronel de Ejército retirado, ex agente de la DINA).

Finalmente, el Gobierno, a través del subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, rechazó el indulto presidencial solicitado por Meza para los cuatro reos, aludiendo a que “el Ejecutivo no está por la impunidad de los condenados por violación a los derechos humanos”. Ahora, la discusión general sigue en pie, y finalmente será el Congreso el que vote los proyectos de ley que buscan modificar algunos artículos del Código Penal.

En El Definido les mostraremos las dos posturas al respecto, en la voz de las principales autoridades que han dado a conocer su opinión.

Los que se abren a la posibilidad de beneficios carcelarios

Diversas autoridades de lo más variados ámbitos, se mostraron a favor o al menos abiertos a considerar la posibilidad de permitir a los reos de Punta Peuco (y otras cárceles) con enfermedades terminales, pasar el último tiempo de su vida en su hogar. Estas son algunas opiniones:

El arzobispo de Santiago Ricardo Ezatti, afirmó que "hay que atender con atención, sobre todo a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de nada (enfermos de alzheimer), que puedan morir en la paz de sus familias".

Por su parte, el sacerdote jesuita Fernando Montes, señaló que "tener preso a una persona que no sabe exactamente donde está, que está completamente perdido y que no tiene control de su esfínter, es una cosa denigrante. A quién se le está dando señales con eso, qué país somos que necesita esas señales (...) no se está pidiendo que haya libertad, si no que se le dé un trato mínimamente humano".

Desde el plano político, el senador independiente (ex PS), Fulvio Rossi dijo: “no le hace bien a Chile negar beneficios humanitarios a quienes, aun cuando cometieron los crímenes más atroces, hoy viven y sufren una enfermedad terminal o progresivamente letal. La principal razón es porque somos distintos a ellos. (…) como Estado y como sociedad no podemos perder de vista que cualquier ser humano, independiente de lo que haya hecho, merece consideración y misericordia”.

Jaime Campo, ministro de Justicia, señaló que “yo, por lo menos,tengo compasión con el moribundo y si por eso me quieren llevar a una corte internacional,que me lleven, pero es lo que yo pienso, y lo que he dicho es mi opinión personal,no es la opinión del Gobierno ni mucho menos”, y agregó que“no conozco ninguna norma internacional, ningún tratado internacional que le prohíba a un país, a una sociedad, por razones humanitarias,permitir que los condenados por cualquier delito,y que irremediablemente van a fallecer como consecuencia de una enfermedad terminal y grave,no puedan pasar los últimos días de sus vidas,por ejemplo,en arresto domiciliario".

El senador Baldo Prokurica (RN) manifestó que “nuestro país arriesga sanciones de organismos internacionales, por incumplimiento de convenios, tratados, declaraciones y resoluciones que Chile ha suscrito y ratificado, los cuales debe de cumplir en materia de Derechos Humanos. Siento que hay algunas personas que no se les está haciendo justicia, sino que se les está aplicando venganza”.

Desde la esfera de los Derechos Humanos, Lorena Fríes, la actual subsecretaria de DD.HH., expresó hace un tiempo que estaba abierta a discutir una ley para que condenados por delitos de lesa humanidad que estén padeciendo alguna enfermedad, puedan salir de la cárcel. Agregó que “lo peor que nos puede pasar a los defensores de derechos humanos es perder la humanidad, parto de esa base, pero creo también que para tener expresiones de humanidad debemos sentirnos respetados también en nuestros derechos”.

Los que exigen la verdad a toda costa

Por otro lado, hay quienes vivieron en primera persona o muy de cerca los crímenes cometidos por los presos de Punta Peuco y que aún buscan una respuesta a tantas interrogantes inconclusas. Su postura es que deben hacerse responsable de sus actos y aportar a la investigación, y que no deben salir de la cárcel:

La psicóloga Carmen Gloria Quintana, sobreviviente al ataque de una patrulla del Ejército que la quemó junto al fotógrafo de prensa Rodrigo Rojas de Negri, señaló que “hay valores que no son transables, nos interesa como sociedad que una tragedia así nunca más vuelva a suceder. Por ello, antes de pensar en perdonar, los victimarios deben hacerse responsables de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado. Entregar información de manera activa de manera de comenzar a reparar el daño. Debemos como sociedad establecer la verdad completa y toda la justicia, nada más y nada menos”.

En una línea similar, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que "el arrepentimiento no basta",apuntando a que deben entregar información sobre los crímenes cometidos. Además declaró que “las personas pueden arrepentirse, está bien, están en su legítimo derecho de arrepentirse, pero el arrepentimiento no basta, porque lo que las familias necesitan es saber la verdad,saber qué pasó, idealmente encontrar sus restos, poder darle un lugar de sepulcro donde ellos puedan ir, visitarlos".

Desde el lado de los principales afectados, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se refirió a la posibilidad de indultos, diciendo que "no la compartimos y no porque seamos deshumanizados, pero esta campaña que ha logrado victimizarlos, enfermarlos, sabiendo que están en un penal distinto, indica a una campaña de indulto a nivel nacional para los victimarios y eso es inaceptable".

Por la esfera judicial, el abogado de DD.HH. y querellante en el caso Milicogate, Cristián Cruz, desconfió del acto de perdón de Punta Peuco, calificándolo de “aprovechamiento político con intención de indulto” por lo que lo considera inaceptable. “Hay agentes que, para burlar la condena que les viene encima, han logrado que determinados funcionarios y peritos del SML declaren 'locura' o 'demencia', cuando un segundo peritaje establece lo contrario”, y agrega además que “los internos tienen toda la instancia para recurrir a Tribunales y entregar antecedentes. Hay beneficios para aquellos que han entregado información”.

El sacerdote Mariano Puga, quien también participó del oficio ecuménico de Punta Peuco y que además fue torturado en dictadura, aseguró que "no puede haber perdón si no hay reparación del daño causado(...) No puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la justicia".

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