El Ministerio de Justicia licitó en noviembre del 2015 el estudio “Percepciones punitivas de la sociedad chilena”, con el fin de que el documento sirviese como guía para las iniciativas legales en materia penal respecto al combate de la delincuencia (el principal problema país según los ciudadanos chilenos).

La empresa GFK Adimark se adjudicó la licitación y tras meses de intenso trabajo, en el que se encuestó a casi 2 mil personas. Esta semana se hicieron públicos los datos del estudio que indican, entre otras cosas, que el 54% de los encuestados aprueba las sanciones más estrictas para los delincuentes (cadena perpetua y aumento de años de presidio), ya que más de la mitad considera que las causas de alza de ilícitos se deben a sanciones débiles.

El estudio demostró también que sólo el 17% de los encuestados considera la reinserción como una medida efectiva para frenar la delincuencia, y el 29% considera que para prevenir los delitos es necesario aumentar las cárceles y la cantidad de policías (percepción que aumenta en la población más adulta, en los sectores rurales y en los niveles socioeconómicos más bajos).

¿Hacen falta efectivamente penas más duras en Chile para reducir la delincuencia? Expertos en temas de seguridad, académicos, fiscales, diputados y abogados creen que esto no es real y que las percepciones de los chilenos estarían equivocadas en su base.

En El Definido conversamos con Jorge Araya, experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, quien nos explica por qué la percepción, a su juicio, no tiene asidero real y sobre qué es lo que le falta a Chile para enfrentar de manera efectiva la delincuencia.

Las penas de Chile son las más altas de la región

Sobre la necesidad de aumentar las penas para reducir la delincuencia, Araya nos dijo que las penas chilenas ya son bastante altas con respecto a América Latina y el mundo entero.

¿Es necesario aumentar las penas para reducir la delincuencia e Chile?

- Si uno hace el análisis comparado con Latinoamérica se va a dar cuenta que Chile tiene las penalidades más altas de la región junto a Panamá, y eso no ha significado la reducción de delitos. Hay gente que por robo, dependiendo de las agravantes, le pueden caer 10 años de cárcel o más. A las penas, además se le han ido agregando agravantes penales con la agenda corta antidelincuencia. Para qué comparar con los países de Europa occidental donde las penas son ínfimas en comparación a Chile y donde se están cerrando las cárceles. Entonces, efectivamente hace falta una labor de información para que la gente note que el problema no está en las penas y que la solución no va por ahí.

¿Por qué más penas no disminuyen la delincuencia?

- Hay varios estudios que demuestran que el delincuente no tiene la racionalidad o la sofisticación para decir “si cometo este delito que antes tenía 5 años, ahora tendría 7 años de penalidad”. El delincuente no va a ser disuadido porque aparezca un cambio en la penalidad del delito. Lo que se ha demostrado es que si el delincuente nota que hay una mayor presión de los organismos responsables, de que sí están actuando efectivamente, que sus cómplices están cayendo detenidos con facilidad, esa percepción de que existe una mayor posibilidad de ser castigados es lo que disminuye la delincuencia”.

Por otra parte, Araya agrega que las penas más altas implican que menos gente salga de las cárceles, por lo cual las capacidades de albergar más población penal en los recintos penitenciarios, que ya tienen problemas de hacinamiento, se verían reducidas. Y algo clave que también destaca, “las cárceles no cuentan con sistemas de reinserción o al menos sus programas son escasos, por lo cual entrar en estos establecimientos de privación de libertad puede, incluso, terminar por reproducir el delito”.

¿A qué se debe entonces esta percepción de la sociedad de que para frenar la delincuencia es necesario ejercer penas más altas?

- Yo creo que hay una sensación de impunidad de la gente que sí tiene un fundamento, y que se basa en que si uno observa los antecedentes del conjunto de delitos que ocurren, son muy pocos los que llegan a sentencia definitiva condenatoria. Yo hice un análisis de los informes del Ministerio Público para el 2015, y del total de términos judiciales que tenían las distintas causas de delitos y otras infracciones, sólo un 15% llegó a una sentencia condenatoria. ¿Por qué?, porque la gran parte de denuncias quedaba en archivos provisionales porque no existía la identificación de ningún imputado o responsable, no habían pruebas ni antecedentes. Sin embargo, creo que la percepción de la gente a la solución del problema está equivocada. La gente, creo que no sabe distinguir que lo que está fallando es la efectividad para identificar a los responsables y no que las penas sean bajas.

El problema es que no están identificando a los delincuentes

El experto considera que la raíz del problema está en la poca efectividad que está teniendo el sistema para identificar a los delincuentes, probar el delito y darle la sentencia condenatoria necesaria, y que esto incluye la labor de Policías, Fiscalías, Tribunales, y también de la propia ciudadanía.

Entonces, según nos cuenta, la mejor opción es mejorar las capacidades de investigación para aumentar la calidad de las pruebas contra un detenido, para así poder identificarlos e inhibir el crimen.

¿Cuál es el problema actual que está afectando al sistema involucrado?

- El problema es que la Fiscalía venía diciendo que le faltaban recursos, que estaban atochados con causas, que no tenían recursos para dedicarle más tiempo a las denuncias, y que dice no pueden hacer mayores investigaciones por condena si es que la Policía no otorga la información necesaria. Y por otro lado, la Policía argumenta que no puede realizar gestiones sin la orden de Fiscalía. Entonces estamos pasándonos la pelota entre las instituciones, y a eso hay que ponerle fin.

Entonces, ¿qué medidas concretas se deben aplicar para mejorar la investigación?

- Ya se está avanzando al respecto. Con la aprobación de la agenda corta antidelincuencia, la Fiscalía tendrá más recursos, lo que les da la posibilidad de contratar más profesionales que puedan realizar un mayor trabajo de investigación y análisis para ir identificando patrones comunes, bandas y sujetos que son delincuentes habituales, y así poder reunir las pruebas suficientes para que estas personas sean castigadas. Pero hay que pedirle también a la Fiscalía a que se comprometan con metas concretas de mayor judicialización de casos y de aumento en la proporción de casos que tengan sentencia condenatoria.

¿Otorgarle mayores atribuciones a la policía no sería otra posible medida?

-El caso de la policía también es necesario fijarles metas que permitan que ellos realicen una labor investigativa con mayores resultados. No veo la necesidad de otorgarle mayores atribuciones, porque la Policía chilena es militarizada, es bastante profesional y que tiene muchos recursos. Recordemos que para el presupuesto 2017 se rebajaron los recursos que el Estado va a destinar a la prevención del delito y el único ítem que tuvo un aumento de presupuesto fue Carabineros de Chile, entonces la policía chilena sí tiene recursos, sí tiene bastantes atribuciones, lo que le falta es profesionalizarse y ser más efectiva en sus labores investigativas.

¿Y cómo debe actuar el ciudadano común ante un acto delictivo para aportar a la investigación?

- Es clave que la gente entienda la importancia de poder identificar a los responsables de delitos, de tomar los antecedentes del caso, de tomar patentes, etc, para poder proporcionarle a la policía y Fiscalía la mayor cantidad de información posible. En ningún caso deben tomar el rol de justicia por sus propias manos, pero sí podrían aportar mayor información a los organismos responsables y denunciar.

A las conclusiones de Araya de que aumentar las penas no es favorable para disminuir la delincuencia, sino que incluso puede aumentarla; se le suman varios estudios, como éste de la Villanova University School of Law, que dice que transferir a los adolescentes a la corte penal aumenta la tasa de reincidencia y que incluso las penas más cortas son experimentadas como más punitivas y por lo tanto más disuasivas que las penas más largas. En la misma línea este estudio de la Universidad de Wisconsin, encontró poca evidencia de que los criminales respondieran a sentencias más duras y evidencias mucho más fuertes de que aumentar la certeza del castigo, disuadía el crimen.

 ¿Cuál es tu opinión al respecto?