Desde hace unos meses que se está hablando del caso Bancard – Exalmar en todos los medios nacionales. Ese que tiene a Sebastián Piñera en portada todos los días con titulares que lo acusan de falta de trasparencia, uso de información privilegiada y de poner sus intereses económicos por sobre los del país, mientras era Presidente de la República.

Pero, ¿de qué se trata todo esto? Empecemos por el principio.

El año 2014, en medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bancard la sociedad de inversión y family office de Sebastián Piñera, realizó una importante compra de acciones de la Empresa Pesquera Exalmar S.A; tras la resolución del tribunal internacional de La Haya, que resolvió quitarle a Chile 22.000 km de mar patrimonial a favor de Perú, además de un área de pesca en alta mar en la costa de Arica, lo que habría favorecido, según algunos, a Exalmar.

Piñera en esa época era Presidente de Chile, pero como suelen hacerlo los mandatarios o empresarios con cargos de relevancia pública, él decidió realizar (de forma voluntaria, porque en esa fecha no había ley que obligara) un fideicomiso ciego para evitar cruzar intereses de negocios con el interés nacional del país, el año 2009, cuando aún estaba en campaña.

Y esto fue lo que hizo con gran parte de su fortuna, no con toda, la que quedó administrada por diversas sociedades, entre ellas la sociedad de inversiones Bancard, de la que son socios sus hijos y su señora, Cecilia Morel; quienes tenían la libertad de administrar las inversiones sin instrucciones y sin entregarle información alguna del destino de las inversiones.

¿Cuándo surge la denuncia? El 16 de noviembre pasado, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), presentó una querella en contra de Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible, por la compra de Bancard de acciones a la pesquera peruana, mientras se desarrollaba el diferendo marítimo con Perú en La Haya. Ante esto, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora.

Hasta el día de hoy, el único imputado por el caso es Sebastián Piñera, quien tendrá que declarar ante tribunales y colaborar con la justicia, entregando toda la información solicitada (documentos bancarios, transacciones, correos electrónicos, etc.) para ver si existen pruebas a la tesis de Gutiérrez (PC) que cree que Piñera conoció el fallo de La Haya de manera anticipada y el destino de las inversiones de Bancard. De encontrarse estas pruebas y de comprobarse los delitos, el ex presidente arriesga entre 61 y 541 días de cárcel. De no encontrarse, igual está en juego su candidatura presidencial, ya que la Alianza manifestó hace un tiempo que no postularían a ningún candidato con problemas judiciales.

Qué es un fideicomiso ciego y cómo se aplica en Chile

Según nos explican de misabogados.com, el fideicomiso ciego es un mandato a través del cual una persona, que pretende acceder a cargos de alta relevancia pública, entrega la administración de sus bienes a un tercero para que se los administre durante el período que dure su mandato. Así, permite que se cree un muro entre el desarrollo de la administración de los bienes y el propietario de los mismos.

Esto es para evitar cualquier tipo de conflicto de interés entre el desempeño de un cargo público y la gestión privada de un patrimonio. Pero hasta el año pasado, esta medida era sólo voluntaria y no estaba regida por ley.

Sebastián Piñera, entonces, llevó a cabo el fideicomiso ciego de forma voluntaria el año 2009, durante su campaña, para evitar suspicacias sobre eventuales conflictos de interés que podría haber entre su gestión como Presidente y la administración de sus negocios.

Luego, siendo Presidente el 2011, presentó el proyecto de ley denominado Probidad en la Función Pública, con el fin de regular el tema en cuanto a declaración de patrimonio e intereses, administración de bienes y activos que supongan conflicto de interés.

Después de una larga discusión, recién a principios del 2016 se publicó la Ley N°20.880 de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Interés; la que obliga a que los sujetos con altos cargos públicos poseedores de títulos, inscritos en el país, no en el extranjero, cuyo valor supere las 25 mil UF (1 millón de dólares aprox.), a tomar dos opciones: o venden el porcentaje que sobrepase dicho valor, o constituyen un mandato (fideicomiso ciego), sobre la totalidad de los activos.

La norma rige para el presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados, senadores, el Contralor General de la República, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y jefes superiores de entidades fiscalizadoras.

Entonces, desde el 2016 que todas las autoridades mencionadas tienen la obligación de alejarse completamente de sus negocios en Chile (esto deja fuera los negocios del extranjero), si es que su valor supera las 25 mil UF. De no cumplirse las normas de la Ley, se aplicarían diversas sanciones, pero tampoco está estipulado como delito. 

En este marco, Bancard quedaría fuera de ilegalidad incluso con la nueva ley, ya que la sociedad está constituida en las Islas Vírgenes Británicas (conocidas por ser un "paraíso fiscal"). 

A raíz del caso, el senador Hernán Larraín presentó una moción a fines del 2016 para modificar la Ley de Probidad, con el fin de extender el mandato para que involucre inversiones en el extranjero y para rebajar el valor de UF de los bienes, para que más personas deban transparentar sus patrimonios.

Qué se le cuestiona a Piñera

El diputado querellante y sus abogados, se querellan porque consideran que por un aspecto básico de seguridad nacional, o por simple prudencia en el ejercicio de su cargo, Piñera debió haber informado de su situación de inversionista en Perú a las demás autoridades e incluso al país. Esto, por tratarse de una inversión en pesca y que mantiene fuertes vínculos con el Estado peruano.

Y se quiere investigar a fondo, porque si efectivamente Piñera tenía información privilegiada en relación al fallo de La Haya (según la tesis del diputado PC Gutiérrez), y si estaba al tanto de las negociaciones de Bancard con Exalmar (otra acusación aun no probada) y hubiese utilizado esa información para el beneficio de la sociedad, habría cometido dos delitos (que no tienen relación al fideicomiso): uso de información privilegiada y negociación incompatible. Y es por eso que el Ministerio Público aprobó la investigación, pero hasta la fecha no hay pruebas.

Al Caso Bancard, la semana pasada se sumó una nueva arista que compromete a Piñera. El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, afirmó que estudiarán incluir en la investigación las inversiones del family office en la Minera Dominga, las cuales no fueron incluidas en el fideicomiso ciego.

Lo anterior porque la Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del grupo Bancard, fue una de las principales accionistas de la Minera Andes Iron, matriz de Minera Dominga, hasta agosto del 2010, cuando Piñera decidió suspender la construcción de la termoeléctrica Barrancones, acción que si bien protegía la biodiversidad de Punta Choros e Isla Damas, podría haber tenido otro interés que favorecía sus inversiones familiares.

La defensa al ex mandatario

Básicamente son dos los argumentos que utilizaron desde Bancard para liberar de culpa a Piñera de los cargos investigados por el Ministerio Público: 1) nunca estuvo al tanto de las inversiones ni tiene conocimiento o relación directa con las inversiones del family office. 2) La Haya nunca fue un elemento relevante al momento de comprar.

Al último argumento se suma la pesquera Exalmar, señalando que el fallo no fue relevante para su negocio, “ya que hasta la fecha no operamos en esta área correspondiente a la zona sur (...) Dado que Exalmar no cuenta con plantas en la zona sur y no pesca en este espacio, en nuestro caso esta medida no tiene impacto directo”.

Por su parte, el ex canciller Alfredo Moreno, en su declaración ante el fiscal Manuel Guerra, sostuvo que “puedo indicar que jamás tuvimos conocimiento alguno en forma anticipada de la decisión que tomó la Corte al fallar la demanda peruana”, y que tampoco tenía un contacto directo con los abogados contratados por Chile para la defensa ante la Corte, ni recibía su información relativa al juicio.

En lo relacionado a la Minera Dominga, en el manifiesto titulado “Yo Acuso” que publicó en su cuenta de Facebook (y que aborda ambos temas), Piñera insiste en que "no participaba como persona ni en la gestión ni en la propiedad”.

Y ante la acusación de un reportaje de Bío-Bío, que señalaba que los vínculos de Piñera con Minera Dominga estaban vigentes en agosto de 2010, y que además el proyecto de la central termoeléctrica Barrancones (que quedó sin efecto), sería en la misma zona donde Minera Dominga estaba interesada en desarrollar negocios, respondió: "salvo en el hecho de coincidir en el territorio de la Región de Coquimbo, este desarrollo minero no tiene ninguna relación con un proyecto termoeléctrico denominado Barracones”.

¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que hay intencionalidad política detrás o sana justicia?