Hoy Chile conmemora el día contra la violencia en el pololeo, en memoria de Antonia Garros, la joven de 23 años que se quitó la vida el 7 de febrero del año pasado, lanzándose de un piso 13 en Concepción, tras una fuerte discusión con su pololo de dos años, Andrés Larraín, quien ya tenía denuncias previas por violencia contra la joven.

Su mamá, Consuelo Hermosilla inició una lucha desde ese día con el fin de evitar que a otros jóvenes les suceda lo mismo que a su hija. Por esto, creó la Fundación Antonia, que busca crear conciencia sobre el daño que generan las relaciones tóxicas entre parejas, impulsó la idea de declarar el 7 de febrero como Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo (aprobado ya por la Cámara de Diputados y en trámite en el Senado); y sigue luchando por una "Ley Antonia" para que la violencia en el pololeo sea considerara dentro de la ley de Violencia Intrafamiliar, para que la incitación al suicidio en la pareja sea condenada como Femicidio y para que terceros puedan denunciar maltratos sin el consentimiento de la víctima.  

¿Por qué todo esto? Porque en Chile, a la fecha la ley de violencia intrafamiliar no contempla a pololos ni relaciones informales, por lo que cualquier maltrato que ocurra en este tipo de relaciones es considerada como una agresión cualquiera, sin riesgo de cárcel.

Hoy, las denuncias por maltrato en un pololeo  sólo sirven para marcar antecedente y para prohibir el acercamiento del abusador (si es que hay tres denuncias previas). Pero es sabido que esto no se respeta y que las víctimas siguen igual de vulnerables y amenazadas, y que incluso muchas mueren tras haber denunciado. Además, ¿qué pasa con la mayoría de las víctimas que no denuncian o no ratifican las denuncias de terceros? Hoy nada. Absolutamente nada.

Y si bien, en enero de este 2018, la Justicia decidió realizar el sobreseimiento definitivo de Andrés Larraín, el ex pololo de Antonia Garros, quien tenía la medida cautelar de arraigo nacional; al considerar que se habían agitado las instancias y no se logró acreditar su culpabilidad o grado de responsabilidad tanto en las denuncias previas por agresión como en la inducción de suicidio. Es decir, se cerró el caso, pero no con esto la lucha de la familia de Antonia por condenar la violencia en el pololeo y por seguir adelante para evitar nuevas víctimas. 

Lo que buscan los proyectos de ley

"La gente hoy casi no se casa. La gente pololea, y la violencia parte en el pololeo, cuando nos controlan, nos minimizan. Lo que pasó en diciembre se tipifica como heridas leves. Si ellos hubiesen estado casados, habrían sido heridas 'menos grave'. ¿Te parece lógico eso? Tienes que tener tres denuncias de lesiones para que pueda existir orden de alejamiento. Y si hay una denuncia tiene que ser ratificada por la víctima o la justicia no puede hacer nada. Por eso estoy tranquila, estoy firme porque tengo un motivo y ese motivo es la Ley Antonia", señala la madre de Antonia en una entrevista.

Y esto es real. Actualmente la legislación vigente de Violencia Intrafamiliar, no pena la violencia durante el pololeo o relaciones esporádicas. Por esta misma razón, el caso de Antonia no puede ser denunciado por la familia, razón por la que buscan la "Ley Antonia".

“El hecho de que hoy le tengas que pedir a la persona agredida que ratifique su denuncia, sabiendo que esta persona está enferma, hace que no llegue casi nunca la ratificación”, agrega Consuelo.

Si bien la Ley Antonia como tal fue presentada a fines de mayo al Congreso, de forma paralela, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, presentó en enero un proyecto del ley sobre el "derecho de las mujeres a vivir sin violencia", que dentro de sus objetivos, pretende modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar, y busca brindar la protección que ni la ley N°20.066 ni el Código Penal dan a quienes son víctimas de violencia "no habitual", en el marco de las relaciones de pareja sin convivencia.

Además, el proyecto busca incluir la inducción al suicidio como causa de femicidio u homicidio por omisión, y también que terceros puedan denunciar hechos de violencia sin la necesidad de ratificación por parte de la víctima.

 En el caso de Antonia también, si la familia hubiese tenido el legítimo derecho de realizar una denuncia, a lo mejor la tragedia no hubiese ocurrido o al menos se hubiese resguardado más a la joven víctima.

Imagínense cuántas mujeres no denuncian por miedo, de hecho, se estima que la mayoría de las víctimas de violencia se mantienen en silencio. Entonces, si esta ley se aprueba, al menos los terceros (familiares o amigos directos) pueden anteponerse y hacer ellos mismos la denuncia, la que será inmediatamente investigada, con o sin el consentimiento de la víctima. Esto serviría enormemente para involucrar la responsabilidad de los familiares y para evitar que los abusos pasen a mayores.

La idea también es que exista una nueva ley que contemple la violencia de género en todas sus manifestaciones: acoso sexual callejero, violencia simbólica a propósitos comerciales, violencia ginecobstétrica, violencia en el pololeo, violencia entre mujeres lesbianas, crímenes de odio a las diversidades sexuales, feminicidio en todas sus formas y no sólo en los femicidios íntimos, inducción al suicidio, tortura, mutilación genital, matrimonio a menores de edad, incesto, abuso sexual, violación, trata, entre otros.

Los partidarios de legislar la "Ley Antonia" de forma independiente y paralela, señalan que la reforma que persigue la ministra Pascal también es necesaria, pero que por la cantidad de cambios el trámite será mucho más largo y que urge una respuesta más inmediata.

La Ley Antonia aún está en trámite, al igual que la declaración oficial del 7 de febrero como el Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo. Y en términos de leyes, el año pasado se avanzó  cuando la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto que sanciona como femicidio la violencia en el pololeo. Hoy, sigue en trámite para su aprobación.