A solo seis días del fin de su mandato la presidenta Michelle Bachelet anunció el envío de un proyecto de ley que busca crear una nueva Constitución. Y a cinco días del cambio de Gobierno, la mandataria ya firmó la iniciativa que entrará a su tramitación legislativa.

“No se trata de partir de cero”, dijo en su discurso en cadena nacional este lunes en la noche, en donde detalló algunos de los puntos que se quieren modificar de la ley madre de todas las otras leyes. De hecho, para ahondar en este punto la presidenta destacó que se mantendrán casi todas las reformas que se le hicieron después de 1989 y muchas de las que provienen de 1925.

Es decir, el ojo está puesto en los cambios que sufrió la Constitución durante la dictadura. No por nada, Bachelet sostuvo en su discurso que nuestra actual ley fundamental del Estado es ilegítima “en su origen”, debido a que data de 1980, durante el pleno régimen militar.

¿Qué cambios se vienen?

Aún se desconoce la totalidad del proyecto, pero entre el discurso de anoche, la ceremonia que se realizó hoy para firmar la iniciativa legislativa y algunos tuits de la presidencia, se pueden trazar algunas luces de lo que busca lograr con su última gran promesa de campaña.

Quizás uno de los aspectos más importantes es el énfasis que se le da a los derechos sociales y la consagración de estos en la Constitución. Bachelet propone, en sus palabras, crear un "Estado de Derecho democrático y social", el que gracias a las nuevas garantías que entregará, permitirá una nueva interpretación del texto constitucional. ¿Suena a chino? Lo traduciremos.

La propuesta de una nueva carta fundamental refuerza algunos derechos actuales y otorga otros nuevos. Entre estos últimos, el derecho a: vivienda, trabajo, gratuidad en la educación y calidad en la salud pública. ¿Y qué significa todo eso? ¿Ahora todos tendremos acceso a una educación gratuita y un servicio de salud público de calidad? Sí y no.

No todo lo que brilla es Constitución: actualmente hay derechos “garantizados” que no se reflejan en la realidad y es lo que ocurre por ejemplo con el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Son varios los casos de comunidades que se encuentran en sectores contaminados, principalmente por la acción humana, a pesar de que la ley fundamental dice que tienen derecho a no vivir así.

Sin embargo, esto sí implica uno que otro cambio. Por ejemplo, la ONU celebra desde 1985 el derecho a la vivienda, pero Chile no lo tiene contemplado en su máxima ley. Y aunque el Estado hace sus esfuerzos para entregarles una vivienda digna a todos sus ciudadanos, evidentemente se ha quedado corto al respecto.

La pregunta del millón: ¿Qué cambia entonces con que esto sea un derecho constitucional?

Básicamente, que si alguien siente que ese derecho no se le está siendo entregado, puede recurrir a los tribunales para denunciarlo, ya que “por ley” debería tener acceso a un hogar. Así, se podría demandar al Estado para exigirle que cumpla con la entrega de esta garantía.

¿Y por qué se hace esto? Principalmente porque se trata de aspectos que están relacionados al poder adquisitivo de las personas: alguien que no tiene dinero no puede tener una casa ni acceder a un servicio de salud de calidad. Entonces, que estos se consagren como derecho significa que se busca acoger a quienes no poseen las mismas oportunidades, esta vez bajo el alero de la Constitución.

Lo mismo aplica para todos los otros derechos que se incorporan en esta nueva propuesta (y claro, a todos los que estaban antes también, como siempre).

Menos facultades para el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha estado en la mira durante el último tiempo, ya que algunos sectores lo han denominado como la “tercera cámara”. Esto, debido a que la entidad tiene la facultad de desestimar un proyecto de ley que haya sido aprobado por el Congreso, siempre y cuando determine que éste atente contra la Constitución.

Es lo que pasó por ejemplo con el proyecto de fortalecimiento del Sernac. La iniciativa buscaba entregarle una serie de armas al ente protector del consumidor para que además de mediar pueda fiscalizar y sancionar. Sonaba como el paraíso de los clientes, pero el TC determinó que el Sernac no podía ser parte y juez, así que tiró por la borda el proyecto.

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Pues bien, la nueva propuesta de Bachelet no le quita esa capacidad, pero sí la restringe. ¿Cómo? Así: actualmente, para que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de una materia legislativa, alguien del Congreso tiene que “llevarle” dicho cuestionamiento. Es decir, el TC no puede actuar por cuenta propia.

Sin embargo, lo que sí puede hacer es que una vez que le envíen una ley, la entidad puede echarle una miradita a otros aspectos que quizás no estaban en cuestión. Es precisamente eso lo que ocurrió con el proyecto del Sernac, que llegó al organismo por otras razones que por las que terminó siendo desechado.

Entonces, lo que busca la nueva carta fundamental es eliminar el “control preventivo voluntario”. En otras palabras, el TC solo podrá revisar lo que le digan que revise. Ni más ni menos.

Otras modificaciones importantes

Como dijimos, el énfasis en los cambios estaría en aquellos aspectos que provienen principalmente de la dictadura. Uno de ellos tiene que ver con las facultades del TC (en donde ya se plantean restricciones), pero también hay otra modificación que habla de los quórum supramayoritarios. ¿What?

Estos últimos vienen de la Constitución de 1980 y sostienen que para legislar sobre algunas materias como la pena de muerte, control de armas, indultos y otras cosas, se requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. Para algunos se trata de una herramienta que garantiza estabilidad, mientras que para otros implica una barrera de entrada muy alta para hacer cambios sustanciales en el país.

¿Qué dice al respecto la propuesta? Que este quórum se eliminará, lo que aparentemente significa que se volvería a las mayorías calificadas.

También se contempla el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, además de su aspiración a tener una representación en el parlamento. ¿Qué significa en la práctica? Por ahora no sabemos concretamente, pero se podría traducir en cuotas de representación en el Congreso para garantizar su presencia ahí.

La “iniciativa ciudadana de ley”

Hasta ahora solo tienen el “permiso” para presentar un proyecto de ley los legisladores (diputados y senadores) y el presidente de la República. Pero la propuesta de Bachelet comprende la incorporación de una nueva figura al respecto: la iniciativa ciudadana de ley.

En pocas palabras, significa que ahora las personas serán capaces de presentar mociones legislativas, siempre y cuando estas estén endosadas por al menos el 5% de la población.

Es una medida inédita en el país y que significará que aquellas iniciativas que tengan una amplia aceptación popular, podrán llegar al Congreso sin la necesidad de que tenga que ser presentada por un grupo de congresistas o el mandatario.

¿Qué se viene ahora?

Como toda ley, la propuesta se discutirá en el Congreso. Para esto se requerirá la aprobación de tres quintos del Congreso en algunas materias, mientras que otras requerirán dos tercios. Sin embargo, el resultado de este tendrá que ser aprobado a través de la participación ciudadana en un plebiscito final. Tal y como lo contemplaba desde un principio el proceso constituyente.

Así que si lo que sale del Congreso “no nos gusta”, el asunto quedará así no más. De todos modos, la mandataria valoró que en medio de todo este proceso participaron más de 200 mil personas en cabildos participativos, aunque hay quienes dicen que al final el proyecto se redactó entre cuatro paredes y sin considerar muchas opiniones.

¿Estás de acuerdo con los cambios planteados en esta propuesta? ¿Qué otros propones?