En marzo de este año, abrí una columna acerca de la evaluación económica de los paneles fotovoltaicos, con el siguiente desafío: imagina que un inversionista plenamente confiable (el Banco Central de Alemania, por ejemplo) te ofrece el siguiente trato:
“Entrégame $1.300.000 hoy, y te devolveré $2.173.000 en diez años más, ajustado por inflación”.
¿Conviene o no? Hay una y nada más que una respuesta correcta: depende.
Primero, de la liquidez para invertir. La pregunta es irrelevante si vives rasguñando el día a día. Y luego, de entre quienes cuentan con holgura presupuestaria, depende de cuánto valoramos el futuro en relación al presente. La columna de los paneles compara a un refugiado de guerra, para quien la supervivencia del día a día lo es todo, y un noruego acomodado sin urgencias cotidianas, para quien cobra sentido planear su futuro. Cuantificarlo es una tarea muy compleja, pero es ineludible para el diseño de políticas públicas, porque define la tasa de interés a la cual se descuentan los flujos futuros. El Ministerio de Desarrollo Social, evalúa proyectos con una tasa social de descuento del 6% anual real. Es decir, es equivalente recibir 100 UF hoy, que 106 UF en un año más.
Por lo tanto, puede o no convenir vender un activo que genera ingresos permanentes. O, a la inversa, puede o no convenir comprarlo. Este post aborda un tema extremadamente polémico, pero al menos eso es indiscutible. Todo depende de —entre otras muchas razones— el uso alternativo de los recursos y de quién será capaz de administrar mejor los activos en cuestión.
Cuando se plantea el tema cuasi-tabú de la propiedad de CODELCO, la reacción habitual es un rechazo de este tipo: “pan para hoy, hambre para mañana. CODELCO genera lucas todos los años. Nos daríamos la gran vida en el periodo inicial y luego quedaríamos peor que antes”.
Ese no es un enfoque integral. Sugiere que siempre es mejor conservar los activos que generan ingresos permanentes, pero la casuística es evidente. Todos los días se están produciendo transacciones de ese tipo, en las que a ambas partes les conviene vender o comprar. Si por el contrario siempre conviniera conservar los activos, estos nunca estarían a la venta, de no mediar quiebras y otras desgracias.
Por ejemplo, Walmart acaba de adquirir Cornershop por US$225 millones ($151 miles de millones) y no porque los fundadores de la start-up chilena sean un montón de cortoplacistas incapaces de prever que tenían asegurados cuantiosos ingresos mes a mes. Tampoco los ejecutivos de Walmart se están sobando las manos pensando “¡qué ingenuos! ¡picaron!”. No. Los US$225 millones resultaron ser un monto que satisfacía a ambas partes, básicamente porque Walmart era capaz de sacarle más lustre a Cornershop en el seno de su imperio minorista.
O piénselo en el plano doméstico. Si siempre fuese miope la venta de activos que generan ingresos permanentes, no habría propiedades a la venta salvo la muerte de sus dueños. Es obvio que no es así porque los propietarios pueden optar, sin pecar de cortoplacismo alguno, migrar a otras inversiones, proyectar responsablemente que pueden darse la gran vida con el tiempo que les queda por vivir, u otras posibilidades. Si fuese miope no privilegiar siempre “ingresos permanentes” versus “turro de plata ahora”, es muy posible que ya te hubiese convenido invertir en paneles termosolares y fotovoltaicos, y me late que no es el caso. Más fácil: ¿es razonable que una familia con seis hijos inteligentes y estudiosos decida que no puede pagar su universidad porque prefiere mantener un campito que le da unos pocos millones al año en leche o papas? Porque, claro, esos son ingresos permanentes.
Así que el “pan para hoy, hambre para mañana”, no es razón por sí sola para rechazar la venta de al menos parte de CODELCO. La evaluación depende (la palabra mantra de este post) al menos de si otro lo pudiese administrar mejor que el Estado de Chile y del uso alternativo que le daríamos a los recursos.
Respecto a la administración. Trabajé más de seis años en el sector público y les puedo asegurar lo siguiente: que el Estado sea menos eficiente que sus pares privados en actividades comparables, no es ni una cantinela ideológica de la derecha ni una forma implícita de afirmar que sus funcionarios son menos diligentes. Es el resultado inevitable de gestionar:
-Plata que es de todos, con la necesaria pero costosísima carga que involucra la transparencia.
-Reparticiones que no pueden quebrar, no importa cuán mal sean administradas.
-Personal sometido a los ciclos políticos y regidos por el estatuto administrativo.
Escribí dos largas columnas (1 y 2) detallando estos fenómenos. Puedes asignarme todas las etiquetas políticas que quieras, pero lo que se desarrolla ahí no son teorizaciones desde la torre de marfil de Adam Smith, sino ejemplos. Muchos ejemplos. Con algunos dan ganas de llorar. Como la renovación del software del Departamento de Extranjería. Nos pasamos medio año solo esperando que la Contraloría nos permitiera llamar a licitación (un vía crucis del que los privados prescinden). Luego, nos vimos forzados a descalificar a todas las empresas, salvo una, por formalismos mínimos (porque habría sido inadmisible telefonearlos para solicitarles un papel faltante). Y finalmente el trabajo de años y $340 millones se desvanecieron con el cambio de gobierno, víctimas del ciclo político. Tras leer esas dos columnas, un subsecretario de Bachelet comentó “¡uf! ¡No sabes cuánto me identifico!”.
Sé que el catastro de elementos de fricción del sector público elaborado por un funcionario más que pasó seis años ahí, no es prueba irrefutable. Pero al menos le pasa a la pelota al otro bando. ¿No te convenció? Pues bien, tienes la carga de la prueba.
Respecto al uso alternativo. ¿Cuánto vale CODELCO? Es más difícil de responder de lo que creí. En 2014, Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de la minera, situó la cifra en US$ 78 mil millones ($52 billones). La propia CODELCO publicó un valor de US$ 50.500 millones ($33,8 billones). El banco alemán Commerzbank, aseguró que la cifra estaría por debajo de US$34.000 ($23 billones). Un consultor especialista, habló de US$ 20.000 millones ($13,4 billones). Se aprecia que en estas artes no hay precisión láser. Reconociendo que se trata de un monto muy discutido, consideraré para efectos de este post la estimación hecha por el propio CODELCO, que al menos maneja más información que nadie.
$33,8 billones. No te imaginas cuánta plata es eso. Solo para efectos ilustrativos, podríamos entregarle 1,94 millones de pesos a cada habitante de Chile, equivalente a 9,7 millones a una familia típica de cinco personas. Desde luego, ese sería un método muy disipado de administrar el maná. Paso 1, seríamos testigos de la borrachera más gloriosa de la historia humana. Paso 2, de los sets de televisión más despampanantes del planeta. Sin embargo, al poco andar nos estaríamos arrepintiendo. Eso sí que sería “pan para hoy y hambre para mañana”.
Pero sí podríamos, por ejemplo:
-Asegurar un ingreso ético mensual de $300.000 por persona ($1,5 millones para una familia de cinco) a los dos millones de personas más pobres del país, durante casi cinco años.
-Construir 1.130.000 viviendas sociales, como las de estándar mejorado (dos baños y tres dormitorios) que Joaquín Lavín quiere edificar en Las Condes, aniquilando de una vez y para siempre el déficit habitacional que nos acompaña desde que Chile es Chile.
-Transformar toda la flota de Transantiago a buses eléctricos… ¡15 veces! La drástica baja en los costos de operación y la también drástica mejora en la calidad del aire, sería inmediata y permanente.
-Entregar sets de paneles fotovoltaicos de 1,5 kw a cada familia del país, ¡5 veces! De nuevo, la baja en los costos para cada familia y la mejora en la calidad del aire, sería inmediata y permanente.
-Construir 49 líneas de metro como la línea 6, lo que permitiría casi eliminar los buses de Santiago y construir líneas de metro en todas las grandes ciudades de Chile.
Más aún, un CODELCO total o parcialmente privado, si bien no entregaría todas sus utilidades al fisco, seguiría pagando impuestos. Un montón de plata en impuestos, de hecho. Primero, porque desde la ley de royalty minero que este rubro está gravado con mayor severidad que casi todo el resto de la economía. Segundo, porque un privado seguramente aumentaría la inversión (y de paso los puestos de trabajo).
Desde luego, los ejemplos citados son caricaturas extremas, diseñadas para aquilatar el platal del cual estamos hablando. Lo juicioso sería una combinación de las anteriores, junto con muchas otras iniciativas. El meollo del asunto es: somos un país de ingreso medio, que aún no ha podido dejar atrás el flagelo de la pobreza. Con urgencias como esas, ¿de verdad crees que donde mejor puede utilizar sus recursos el Estado de Chile es siendo un inversionista en minas de cobre y molibdeno? Imagínalo al revés, ¿qué pensarías si la próxima Ley de Presupuestos incluyera una glosa de US$ 8.000 millones ($5,4 billones) para adquirir Antofagasta PLC (eso vale), plata que solo podría obtenerse a costa de educación, salud, etcétera? Yo al menos me iría a encadenar a la DIPRES con tal de impedirlo. Si piensas algo en la línea de “hay necesidades más urgentes” o “pastelero a tus pasteles”, deberás notar que el caso es completamente simétrico con el de CODELCO, visto en el espejo.
En la práctica, los chilenos estamos decidiendo mantener una inversión $33,8 billones en minas de cobre, en vez de financiar educación, infraestructura o vivienda. Seguramente no lo habías conceptualizado así, pero es por completo literal, no teoría.
Creo poder entender el rechazo casi visceral que le produciría a muchos ver a lo que Frei Montalva llamó “la viga maestra de nuestra economía” y lo que Allende llamó “el sueldo de Chile” en manos de inversionistas extranjeros. Comprendo que a muchos les revolvería el estómago ser testigos de BHP Billiton o Angloamerican llenándose los bolsillos explotando Chuqui o El Teniente, nuestros recursos naturales. Pero sería solo porque a cambio nos giraron una montaña de plata que, como país en desarrollo que somos, decidimos canalizar a necesidades urgentes.
Violentarnos sería el equivalente a venderle el viejo Mercedes al vecino gringo, porque notamos que nos sale más a cuenta andar en metro y luego irritarnos cuando lo vemos conducirlo. Cuando nos compramos un teléfono, un libro o una guitarra, ¿pensamos que el maldito fabricante gringo o chino se está quedando con nuestro dinero? No, solo estamos intercambiando voluntariamente un activo por otro al que vamos a dar mejor uso.
Que se trate de transnacionales extranjeras tampoco debiera nublar nuestra razón. Entiendo la antipatía que generan —hay un sentimiento de “invasión de la tribu” en esto— pero hay que enfrentarlo con perspectiva. Vivimos en una economía global en que las fronteras son cada vez más porosas para todos. Si nos va a generar tirria que las transnacionales extranjeras compren activos en Chile y se embolsen los beneficios, ¿opinaremos lo mismo cuando Falabella invierta en Perú, Ripley en Colombia, CENCOSUD en Argentina y LATAM en Brasil?
Por último, están quienes dirán que la venta de CODELCO es un riesgo que no podemos asumir por el valor no determinado de sus propiedades mineras. En efecto, podría ocurrir que tras la venta se descubriera un filete cuprífero que no estaba ni en el más delirante sueño geológico. Pero cada día que pasa estamos corriendo el riesgo de que el precio del cobre se desplome por una megacrisis financiera mundial, o que se sinteticen materiales de reemplazo que no estaban en el radar de nadie, como ya ocurrió con el salitre a inicios del siglo XX. De hecho, inversiones en educación e infraestructura, ofrecen mucho menos riesgo que el que hoy asumimos poniendo todos nuestros huevos en la canasta del cobre.
¿Por qué no se ha hecho? Muy simple: porque a ningún político, de ningún sector, le conviene detonar esta guerra termonuclear. La sociedad lo siente como algo propio, nuestro, la savia de Chile. Para qué decir sus sindicatos. Además, a pesar de que CODELCO está razonablemente bien administrada y lejos de las corruptelas habituales del barrio, a no pocos políticos les viene bien contar con una megaempresa para posicionar miembros del partido, conseguir votos, y en fin, ejercer el noble deporte del poder.
Aunque hemos avanzado mucho estas últimas décadas, vivimos en un país en que aún hay pobreza, y aún hay miseria. Es difícil pensar que no haya un mejor destino para ese tremendo tesoro que el que le damos hoy. Y como los legítimos dueños que somos de ese tesoro (porque es de nosotros, no del Gobierno de turno, ni de los políticos, ni de los trabajadores), los chilenos tenemos el derecho, y la obligación moral, de hacernos esa pregunta.