Durante los últimos días en las redes sociales se ha viralizado una columna de Marco Canepa titulada ¿Por qué Venezuela no tiene papel higiénico?. Si usted no la ha leído, se sugiere leerla para entender completamente el resto de esta columna. En dicha columna, el autor realiza una explicación cronológica de lo que, para él, han sido las causas principales de esta situación de desabastecimiento, enumerando paso a paso la génesis de esta problemática y dando razones, basadas en postulados de economía básica, que pudiesen contribuir a comprender esta situación. En estricto rigor, su columna muestra síntomas de objetividad política y un profundo foco en la argumentación de tipo teórico-económica.
No obstante esta columna posiblemente peca al carecer de profundidad a la hora de hablar del importante rol del Estado en la generación de oportunidades, y quizás pueda ser interpretado como una columna donde se plantean ciertos absolutos no aptos. Veamos.
El autor parte identificando dos caminos hacia la vía de un país desarrollado, con menos pobreza y menos desigualdad. Al primero de los caminos lo llama “el camino tradicional”. Este paso tradicional consiste en fomentar los elementos de cualquier economía: el empleo, la inversión, el mercado laboral, el emprendimiento y políticas sociales focalizadas en la entrega de educación y la capacitación, dando como resultado una mejora de los salarios reales. No puedo estar más de acuerdo en que esta vía es un camino largo, probablemente responsable y fructífero. En el fondo es sugerir que se llene el vaso de a poco y no de golpe, para evitar un rebalse. Bien.
Luego de esto el autor plantea el segundo camino, un camino que llama “el camino fácil”. Aquí comienzan algunas interpretaciones, que por cierto, probablemente se escapan de la intención del autor, pero que merecen ser profundizadas. El camino fácil consiste en la entrega reiterada y desproporcionada de transferencias directas a los ciudadanos, es decir: bonos, subsidios, beneficios sociales en general, lo que podríamos traducir como “entrega directa de dinero”. Al respecto el autor enumera una cronología de una muerte anunciada, resumida de la siguiente manera:
A mi juicio, noto que el autor, en ningún momento, da pie a que la cronología puede detenerse en alguno de los pasos, sino que más bien, como regla general, indirectamente plantea que si se comienza con la entrega de bonos, subsidios y beneficios sociales a destajo, se terminará en una crisis. Esta es una primera observación que me parece pertinente profundizar. Esto plantea un absoluto. Existe una amplia literatura que defiende y justifica la entrega de bonos, subsidios y beneficios sociales, bajo determinados contextos.
Por ejemplo, para la crisis subprime desatada en la banca de Estados Unidos, una de las políticas que más pedían los banqueros y políticos era que el gobierno norteamericano, a través de la Reserva Federal, refinanciara a los bancos, a partir de una entrega directa de dinero hacía sus bóvedas. De lo contrario, sostenían, el sistema entraría en un colapso. Muchos han tildado esta situación, que finalmente se produjo, como la “nacionalización de bancos” más grande de la historia, donde el Estado traspasó recursos directos a los bancos para salvar una economía al borde del colapso. Solo con este antecedente de la historia moderna es prudente sugerir que la entrega directa de recursos a veces se justifica, dado el contexto. Así, no pareciese ser adecuado condenar esto en todas las circunstancias.
Una segunda observación es que no existe consenso práctico de que más o menos entregas directas de recursos a los ciudadanos sea la vía eficiente y eficaz hacia la lucha contra la pobreza y un país con igualdad de oportunidades. Está el caso de Argentina, donde una base tributaria que grava los ingresos de las empresas y la entrega de múltiples beneficios sociales en materia de salud, educación y otros, tiene a la economía con importantes síntomas de crisis: inflación, deuda, desabastecimiento, desempleo, mercado negro. No obstante existen países europeos, como Suecia, Finlandia o el caso americano de Canadá, donde la recaudación fiscal a altas tasas pareciese garantizar la calidad y el acceso a servicios básicos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Esta comparativa, sujeta a criticas, pone en entredicho otro de posible absoluto que, de forma más sutil, pareciese plantear el autor al inicio: una perjudicial mayor recaudación tributaria. En lo que yo sí admito consenso, es que un sostenido gasto fiscal, mayor a la recaudación fiscal, trae consigo un endeudamiento perverso que afectará la posición económica-financiera del país en algún minuto. No obstante, no se puede acuñar que una alta tasa de impuestos frene automáticamente la economía. Lo importante es focalizar esa recaudación tributaria, para que no sea regresiva, es decir, que paguen más los que pueden pagar más, para no afectar el bolsillo de las personas que con un sueldo de mercado subsisten a diario (amplia clase media). En este sentido se sugiere prudencia a la hora de fijar impuestos, pero no confundir la prudencia con la ausencia, algo en lo que concuerdo también con el autor.
Es así como llego a una tercera parte y final: la reflexión. No se puede atribuir el desabastecimiento de papel higiénico en Venezuela exclusivamente a las decisiones económicas del gobierno. No se puede satanizar la entrega de subsidios y bonos, aunque estas incluso puedan ser desproporcionadas y perdurables. La coyuntura económica mundial y particular así a veces lo exigen. Chile se tuvo que reconstruir de un terremoto y se tuvo que endeudar. Chile entrega una pensión a las dueñas de casa que realizan una labor en la economía no contabilizada en el PIB y eso es una entrega de recursos directa que no ha generado grandes problemas en la economía. Estados Unidos re-financió la banca y quizás evitó un colapso del sistema bancario, inmobiliario, de servicios y productivo a nivel mundial. No se puede caer en absolutos económicos para justificar la crisis de un país.
De todas formas encuentro coherencia, lógica y una buena cátedra de economía básica en la columna de Marco, que nos ayuda a entender las posibles consecuencias de un extremismo ideológico-económico. Sin embargo me quedo con algunas de las palabras finales del autor como lo más importante de su escrito: “No es Estado o Mercado, ambos caminos no son necesariamente incompatibles. Por el contrario, parecen necesitarse mutuamente.” Concuerdo que la búsqueda de un país con menos pobreza y una mayor igualdad de oportunidades se logre con el tiempo, salvaguardando el crecimiento económico, el emprendimiento, la creación de empleo, la iniciativa privada. Sin embargo, el presente plantea desafíos impostergables que deben ser abordados hoy, aunque con suma cautela.
La idea de esta columna es invitar a reflexionar sobre el importante rol que juega el Estado en materia de redistribución de los ingresos y generación de oportunidades igualitarias. Algunos gobiernos de turno lo harán mejor que otros y viceversa, pero el Estado es un buen redistribuidor de riqueza y el único por natura que lo hace a gran escala. Así también es importante desmentir que una crisis gubernamental y económica se deban exclusivamente al manejo pro Estado de la economía de un país. Es probable que la intención del autor jamás haya sido plantear esto último, y esta interpretación sea propia de alguno de mis delirios, o de la interpretación de personas a través de las redes sociales. No obstante me pareció prudente acotar estas observaciones, sin ánimos de desmentir la columna de Marco, sino que muy por el contrario, profundizar una clara e ilustrativa columna acerca del peligro de tomar decisiones económicas extremas y altamente ideologizadas, como muestra de la irresponsabilidad de algunas autoridades políticas y las posibles graves consecuencias. Sin embargo me gustaría dejar una ventana abierta señalando: Hugo Chavez asumió la presidencia de Venezuela el año 1999, ¿por qué se les acabó el papel higiénico ahora?. Parece ser que hay aspectos adicionales que se alejan de lo económico y que podrían restar un poco de responsabilidad al equipo económico de Venezuela, como la creciente violación a las libertades constitucionales y los derechos humanos, que pesan y no poco en este desabastecimiento y que se atribuyen derechamente al Jefe de Estado y el oficialismo. Eso si que merece una condena absoluta.